La Asociación de Periodistas de Baleares (APIB) ha hecho un llamamiento, un año más, por un periodismo libre, pluralista e independiente en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora este viernes, 3 de mayo.
En un comunicado, la APIB, que está integrada en la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), ha subrayado que la profesión «es esencial para garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos a recibir información veraz».
En esta línea, desde la asociación reivindican la no interferencia de los poderes político y económico en el ejercicio periodístico y ha proclaman la autorregulación como «única opción de independencia».
La APIB se adhiere a la Declaración de Talavera de la Reina aprobada por FAPE en su LXXXIII Asamblea General y, además, añade «la necesidad de combatir el intrusismo», incorporando como requisito la exigencia de la titulación específica en Periodismo o Comunicación Audiovisual en los puestos de trabajo que impliquen tareas de producción periodística en medios y gabinetes, especialmente en los de titularidad pública.
Igualmente, inciden en la importancia de la educación mediática para la ciudadanía, con fundamental atención hacia niños y jóvenes. En este sentido, la APIB ha puesto en valor su proyecto de fomento de lectura de prensa entre jóvenes de Baleares, financiado por la Dirección General de Juventud, y que está actualmente en marcha.
Con todo, la asociación ha agradecido y felicitado a los periodistas por su labor, recordando que «es imprescindible el ejercicio profesional responsable, comprometido, independiente, valiente y ético. La credibilidad se gana desde la profesión».
Declaración de Talavera de la Reina
En la que han bautizado como Declaración de Talavera, la FAPE hace un «llamamiento general para terminar con la crispación generada por la polarización política y la desinformación que emana de ella» y realiza peticiones tanto a las organizaciones políticas como a la profesión periodística.
A los partidos les pide que «protejan» el derecho constitucional a la información y «no fomenten la difusión de mentiras y bulos mediante el uso perverso de las redes sociales y las presiones a los medios y los periodistas».
«Demandamos a los grupos políticos que acaben con la crispación que reflejan en sus actuaciones y declaraciones y, asimismo, terminen con los ataques a la prensa y a los periodistas para acallar las voces críticas», reza el texto, recogido por Europa Press.
Tras advertir del peligro que suponen los «discursos de odio» solicitan a los gabinetes de comunicación política que se abstengan de difundir «noticias falsas o manipuladas en función de sus intereses». También recuerdan que «si la obligación de los periodistas es preguntar y repreguntar, la de los dirigentes y representantes públicos es la de someterse a las preguntas de los profesionales de los medios de comunicación».
Censuran los señalamientos
Asimismo, la FAPE denuncia «los ataques al libre ejercicio del periodismo con determinadas prácticas antidemocráticas, como los señalamientos, el acoso online, la exclusión de medios y periodistas de convocatorias, las comparecencias sin preguntas y los intentos de imponer preguntas».
A los profesionales les exigen que «cumplan los principios éticos y deontológicos» y no difundan «mentiras, bulos o cualquier información que no haya sido confirmada y contrastada» y también que «ejerzan la función de control de los poderes y que eviten el contagio de la polarización política».
Controlar al poder, no ejercer desde la trinchera
«Eso --añaden-- implica estar vigilantes y ser críticos con lo que hacen los gobernantes y no colocarse en trincheras de uno u otro lado prescindiendo del principio de que el periodismo debe lealtad a los ciudadanos, a los que debe informar». En este contexto, les piden que «no se conviertan en activistas al servicio de causas ajenas a la información» y que ejerzan desde «criterios profesionales».
Además, recuerdan que «cualquier vulneración de derechos que se registre en una información o cualquier exceso realizado en aras de la libertad de expresión pueden ser llevados a los tribunales» y animan a denunciar a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo «cualquier comportamiento irregular de un profesional o medio de comunicación».
Por último, la FAPE también vuelve a alertar de que la «cada vez mayor precariedad laboral y salarial en las redacciones supone un incentivo para que aumenten las presiones y se reduzca la necesaria independencia en la labor periodística». Asimismo, defiende la inclusión de la «alfabetización mediática» en los currículos educativos.