«Muchas veces, un inmigrante se encuentra en una posición de vulnerabilidad en el mundo laboral. Se les trata como a ciudadanos de segunda y los empresarios se aprovechan de este desconocimiento para ofrecerles trabajos de 12 o 14 horas o contratos sin cargas sociales», destacó la abogada Carolina Quintana, una de las expertas jurídicas que participó en la jornada de Baleares sin Fronteras. Su discurso se basó en los avances en los procedimientos del arraigo social en las regularizaciones.
Según la letrada, el arraigo social es una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales. El solicitante debe presentar tres años de permanencia en España y una oferta laboral de mínimo 40 horas –desde la última reforma, una mujer con hijos menores puede presentar una oferta laboral de 20 horas para conseguir el arraigo. Sin embargo, destacó que este proceso es «muy complicado» para este colectivo, sobre todo para las personas procedentes de África debido al idioma en comparación con los latinos.
Carolina, además, dio directrices sobre los requisitos generales para poder regularizarse mediante esta vía, el arraigo social. Entre las novedades –reformas en la ley de Extranjería–, ahora mismo ya no es necesario que una persona en situación irregular proporcione su situación económica de cara al empresario.
Discriminación
La abogada lleva muchos años en contacto con personas que sufren discriminación en el ámbito laboral, que a diario escuchan –y es la mayoría– frases como «te hago un favor al darte trabajo» para justificarse. «Este trato se da, sobre todo, en el ámbito doméstico y entre el colectivo de mujeres. Ellas van con miedo», lamentó. Quintana expuso además las cargas sociales que soportan además de las dificultades para conseguir un trabajo digno.