El proceso de legalización de construcciones ilegales en suelo rústico además de viviendas incluirá también piscinas, porches y cualquier otro elemento que se haya añadido a la edificación sin la correspondiente licencia. En principio, se podrán legalizar pagando una multa todas las construcciones ilegales donde la sanción haya prescrito, es decir, que ya hayan pasado ocho años desde que se hizo la obra, pero el vicepresident del Govern ha precisado que algunas no se podrán legalizar porque la sanción no prescribe nunca.
«En Balears hay número desconocido pero numeroso de edificaciones ilegales donde ya no se podrá restablecer la legalidad urbanística. Se puede mirar a otro lado y no afrontar la realidad hasta que se les caiga la casa encima o se puede actuar, que es lo que hará este Govern», ha señalado Antoni Costa. Para poder legalizar, los propietarios de las viviendas deberán pagar una sanción y tendrán un plazo de tres años para hacer los trámites. La sanción será creciente conforme pasen los años. Costa ha anunciado que a las viviendas se les exigirá además el pago todos los gastos tributarios y exigencias ambientales y de eficiencia energética.
El propietario de las viviendas podrán venderlas una vez legalizadas, pero el Govern estudia la posibilidad de prohibir que estas edificaciones se destinen al alquiler vacacional. "Muy probablemente no podrán hacerlo", ha dicho Costa. Por lo que respecta a edificaciones donde hay usos ilegales en rústico como almacenes de construcción o restaurantes, el vicepresident ha detallado que se legalizará la edificación pero no el uso.
El vicepresident ha presentado algunos detalles del borrador de decreto de simplificación administrativa que está en fase de elaboración por parte del Govern. Otras medidas que se adoptarán son la supresión de la Comissió de Medi Ambient. las evaluaciones las seguirán haciendo los técnicos de la Conselleria. «Se aplicarán criterios técnicos, no políticos. No habrá una comisión a posteriori que decida sobre los informes técnicos previos», ha señalado. Por lo que respecta a Recursos Hídrics, Costa destacó que había 4.000 expedientes pendientes cuando llegaron al Govern. A partir de ahora, algunos proyectos simples no necesitarán el informe de este departamento.
El decreto facultará a los consells a que privaticen el servicio de la ITV para dar más agilidad a las inspecciones. Las instituciones insulares podrán mantener el servicio como está, pero al mismo tiempo podrán autorizar que determinados talleres hagan ellos la inspección de forma directa sin que el ususrio tenga que acudir al servicio público insular.
Algo parecido se hace en vivienda, donde se externaliza el otorgamiento de licencias. Los ayuntamientos que los deseen podrán crear entidades colaboradores urbanísticas que emitirán los informes para solicitar la licencia. Estas entidades harán los informes para que no lo haga los ayuntamientos. «Facilitará que se den las licencias de una forma mucho más rápida y es algo que ya funciona bien en Madrid», ha señalado Costa. También se mantendrá la posibilidad de que los ciudadanos recurran a la vía ordinaria.
Desaparece la cédula de habitabilidad de primera ocupación y se mantiene la licencia municipal de primera ocupación. «Entendemos que es una duplicidad», ha dicho. El vicepresident ha defendido que estas medidas ayudarán a resolver el problema de la vivienda al dar agilidad a la hora de otorgar estas licencias «para que haya vivienda nueva lo antes posible».
«¿Se estaba utilizando la burocratización para que haya ciudadanos y empresas que renuncien a sus proyectos de vida por la tardanza en las administraciones y no por aplicación estricta de la normativa?, ¿alguien que quiere construir una vivienda y tiene todo el derecho se le retrasa?», se ha preguntado Costa cuando se le ha cuestionado si estas medidas provocarán un boom en le construcción. «Ha habido retrasos intencionados y eso es injusto porque se perjudican los derechos de los ciudadanos», ha añadido.
En materia social se crea el registro con historia social y sanitaria única con el fin de tener información del ciudadano de forma unificada y de facilitar el acceso a las ayudas a través de cruce de datos. También se elimina el certificado de discapacidad para las personas con una enfermedad de salud mental, que se podrá pedir a posteriori.
El decreto incluye medidas de agilización de trámites en fotovoltaicas y un cambio en la concesión de subvenciones. Se hará un procedimiento de comprobación previa y se pagará la subvención, aunque luego se hará a comprobación que permita verificar que la subvención es correcta. En materia agraria, también habrá simplificación de trámites para hacer la vida más fácil a los agricultores y ganaderos.