El PSIB ha decidido presentar una denuncia por prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en contra del director general de Servei de Salut de Balears, Javier Ureña, por su actuación en la gestión del caso mascarillas y por la caducidad del expediente de reclamación.
La denuncia, anunciada por el portavoz parlamentario socialista y dirigente del partido, Iago Negueruela y de la que está dando más detalles a los medios de comunicación, llega a pocos días del inicio de la actividad de las comisiones parlamentarias (Congreso, Senado y Parlament) que indagan el caso de la compra de los cubrebocas. La denuncia, que se presenta ante el juzgado de instrucción de Palma y que ha podido conocer este periódico se extiende también a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas y a su socio mayoritario, Iñigo Rotaeche Lachiondo.
En el relato de los hechos descrito en la misma, la demanda interpreta que, a la vista de las actuaciones recogidas durante la investigación de la Audiencia Nacional y las grabaciones recogidas sobre presiones del entorno de la empresa para lograr la caducidad, «se vislumbra claramente que los actos llevados a cabo por el señor Ureña, concretamente su dejadez deliberada a partir del mes de noviembre de 2023 en el que se registran las alegaciones de la empresa adjudicataria, corresponde con el posible trato con personas relacionadas con la empresa denunciada».
Partiendo de ahí, y en línea con la tesis que ha venido manteniendo el PSIB desde que se inició el caso, pone en conocimiento del juzgado que «sin contar con el preceptivo informe jurídico», el director general del Servei de Salut, «obviando conscientemente su obligado deber de administrar lealmente el patrimonio público y los intereses de la Administración pública, mantuvo una conducta omisiva deliberada encaminada a provocar la caducidad del expediente en beneficio de la empresa adjudicataria».
En la demanda se hace constar igualmente, como el mismo día en que se firmaba el desistimiento, que Javier Ureña inició de oficio un nuevo procedimiento de revisión de oficio de contrato y que lo hizo «con el ánimo de ocultar su conducta llevada a cabo en el expediente de resolución parcial para desviar el foco mediático, político y especialmente su conducta ilegal».
El caso Koldo estalla mediáticamente en febrero de este año. Lo que la Audiencia investiga es la contratación de mascarillas y el suministro de material defectuoso por 2,6 millones. La reclamación empezó por parte del ejecutivo anterior. La primera comunicación es de marzo de 2023 y el 6 de julio de ese año el subdirector de compras y logística firmó una propuesta de inicio de resolución parcial por incumplimiento contra Soluciones de Gestión, continuado por el nuevo equipo. A partir de entonces hubo intercambio de correos y en noviembre la empresa alegó. Para entonces, y según informaciones periodísticas y grabaciones recogidas durante la investigación, ya se habían iniciado contactos para evitar que la reclamación siguiese o decayera, que es lo que finalmente sucedió.
La presentación de la demanda será comunicada también a la Audiencia y a la fiscalía europea.