Los vecinos de un edificio de la calle Nunó Sanç sufren un sinvivir y parece que no terminará pronto. Este bloque, construido en 2007, cuenta con un local que lleva ocupado ilegalmente desde 2017. Durante estos últimos siete años, han visto salir y entrar a muchas familias y personas vulnerables, y de distintas nacionalidades, que en lugar de ser respetuosos, han robado electricidad del vecindario, han aprovechado el agua de la comunidad y hasta han llegado a entrar dentro del portal para engancharse a internet. Durante este tiempo, esta situación les ha acumulado a los vecinos una deuda de 6.000 euros que van pagando poco a poco.
Para entender los hechos, hay que retroceder a 2007. La constructora del bloque se quedó uno de los dos locales que hay. Se trata de inmuebles de aproximadamente 40 metros cuadrados, con una habitación, otra para un baño y un patio. Tras la crisis de esos años, el propietario -que era el constructor- dejó de pagar su local y pasó a formar parte de una conocida entidad bancaria. A pesar de que ya no era de su propiedad, el hombre ha ido cobrando ilegalmente de los okupas en estos años.
«Hemos enviado varios burofax al banco, puesto que debería responder como propietario, pero nunca ha contestado», lamenta Toni, un vecino. Desde 2022, este local ha estado okupado por una pareja con un menor adolescente y un perro. Aunque ya no están, han protagonizado muchos quebraderos de cabeza a los inquilinos por los ruidos del animal, por las numerosas heces en la terraza y por complicaciones en el vecindario.
«Estuve tres semanas seguidas sin poder dormir. Esa pareja abandonó al perro y solo le sacaban una vez al día. El perro estaba desquiciado y ladraba. Me he tenido que medicar por ello», explica una de las vecinas más afectadas del bloque. En su caso, es madre y asegura tener «miedo».
Subalquileres
En el último mes y medio, hay otra pareja alojada en este local. Según narran los vecinos, los anteriores okupas -la pareja con el adolescente y el perro- habría subalquilado el espacio a estos nuevos okupas. Por lo menos, el local no tiene luz ni agua, porque los nueve propietarios se encargaron, en 2022, de que nadie más pudiese aprovecharse tras acumular una deuda de 6.000 euros.
Sin embargo, sí que ha habido intentos: «A mí me llegó a pedir la mujer okupa si se podía conectar a mi red de internet», cuenta la vecina más afectada, que estos días está preocupada porque le ha verbalizado que está siendo maltratada por su pareja.
La Policía Local conoce la situación del bloque, pero «nos han dicho que no pueden hacer nada al tratarse de un local privado». Con todo, no pierden la esperanza y esperan una solución para recuperar la paz en el vecindario.