La Obra Cultural Balear (OCB) ha enviado este jueves a los centros educativos públicos y concertados de Mallorca una batería de argumentos jurídicos y pedagógicos para que tengan en cuenta a la hora de mantener o cambiar su modelo lingüístico. La entidad «confía en la profesionalidad» de los claustros y equipos directivos de que no se adherirán al plan de elección de lengua del Govern, que «nadie, salvo la extrema derecha de Vox, había pedido; además, el PP no lo llevaba en su programa electoral», según ha afirmado el presidente de la OCB, el jurista Antoni Llabrés. El documento que han librado viene a sintetizar las críticas que ya han hecho, como que la medida es ilegal, segregadora y conflictiva.
El plan piloto voluntario de elección de lengua, como le llama la Conselleria d'Educació, ni siquiera lo es, según Miquel Sbert, filólogo y pedagogo que fue director general d'Ordenació i Innovació Educativa y jefe del Departament d'Inspecció Educativa. «Es incoherente porque a pesar de llamarse plan piloto, no tiene nada de piloto porque no viene precedido de ningún diagnóstico, ni recursos claros ni un sistema de seguimiento para que sea posible introducir medidas correctas si no funciona, todo esto está en el aire, según el borrado que parece que se aprobará estos días», ha comentado.
Sbert, que también dirigió Institut d'Avaluació i Qualificació del Sistema Educatiu (IAQSE), ha recordado que este organismo, dependiente de la Conselleria, publicó en 2017 datos que evidenciaron que solamente un 54,7 % del alumnado que acaba Primaria en Balears alcanza una competencia comunicativa oral aceptable (23,3 %) o satisfactoria (31,4 %) en catalán, frente a un 74,6 % que lo consigue en castellano (29,7 % y 44,9 %, respectivamente). Son casi 20 puntos de diferencia, «una desproporción muy grande», considera, y lamenta que no se hayan hecho más estudios como este: «Uno se pregunta por qué será», ha añadido con ironía.
«En Balears tenemos un modelo lingüístico educativo que está estudiado por numerosos juristas, lingüistas y avalado por tribunales. Es un bilingüismo integral o conjunción lingüística», ha señalado, criticando que se diga que en las Islas existe un modelo de inmersión lingüística, porque existe la posibilidad de que al escolarizar por primera vez a un alumno sus padres elijan entre castellano o catalán. Esto, en la práctica, históricamente no se ha solicitado por parte de las familias, aunque la irrupción de Vox y entidades contrarias al modelo lingüístico actual busquen abrir este debate.
La única manera de garantizar el aprendizaje del catalán y el castellano cuando el alumnado acaba su escolarización obligatoria es con el modelo vigente, según Sbert. Además de ser la única forma de dar a conocer la lengua minorizada propia, que es el catalán. También ha recordado que la sentencia más contraria contra el catalán emitida por el Tribunal Constitucional ya reconocía el principio de normalización por parte del sistema educativo y permitía medidas a favor del catalán como lengua minorizada.
El pedagogo considera que el plan del Govern es eufemístico porque a la segregación la llama desdoblamiento de grupos. «El borrador habla de que solo se podrán adherir centros que tengan instalaciones idóneas; ¿para qué necesitarán más aulas? Pues para hacer grupos separados por lenguas o nuevas líneas», según Sbert, que ve la media como ineficaz para consolidar proyectos educativos, cumplir con el objetivo de aprender ambas lenguas oficiales y que solo creará inestabilidad en los centros.
Por otra parte, la OCB también argumenta que se atenta contra la libertad de autonomía de los centros, que es arbitrario a la hora de seleccionar qué centros podrán o no adherirse y que solo creará conflictos en los colegios e institutos. Además de crear un desequilibrio entre los centros públicos y concertados porque estos disponen de más espacio para poder optar a adherirse. Aunque la OCB esté en contra de la medida, critican que, encima, no se presente en igualdad de condiciones. Al final, creen que los 60 millones presupuestados para el próximo curso se repartirán entre ciertos centros, básicamente concertados, en los que ya se incumple la enseñanza mínima de un 50 % de horas en catalán. Aún sí, Sbert ve complicado el hecho de tramitar estas ayudas mediante una simple resolución.