La tensión en los precios de la vivienda no se limita a Palma y abarca toda Mallorca, y el problema se ve agravado por la consideración inversora o especulativa de los inmuebles como «huchas de hormigón».
Éstas son algunas de las ideas aportadas por participantes en el seminario Accés a l'habitatge en la ciutat turística, organizado por la Càtedra d'Estudis Urbans de la UIB. Jesús González, director de la cátedra y catedrático de Geografía de la UIB; Héctor Simón Moreno, profesor de Derecho Civil en la Universitat Rovira i Virgili y director de la Cátedra UNESCO de Vivienda; María José Piñeira, profesora de Geografía en la Universidad de Santiago; Isabel González, profesora de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Universidad Politécnica de Madrid; y Dolores Sánchez, profesora de Geografía en la Universitat de Barcelona, como participantes en el seminario, han explicado este viernes que «no hay soluciones mágicas» al problema de la vivienda y que, en cualquier caso, se trata de una cuestión muy compleja ante la que no valen únicamente políticas sectoriales.
Héctor Simón Moreno ha destacado que la limitación de los precios de alquiler de viviendas en zonas tensionadas prevista en la nueva ley estatal «no ha tenido éxito en ningún lugar y está abocada al fracaso por sus efectos colaterales no deseados, como por ejemplo la disminución de la oferta, la aparición de un mercado negro y la selección de inquilinos con mejores condiciones económicas».
El director de la Cátedra UNESCO de Vivienda ha abogado «por medidas estructurales a largo plazo, como la diversificación de tenencias domiciliarias, la cohesión territorial o la diversificación económica fuera de las grandes urbes para dinamizar los territorios vaciados. A nivel local, debe apostarse por la construcción de nueva vivienda pública con colaboración privada, incentivar la puesta en el mercado de las casas vacías, las deducciones fiscales a los propietarios, la creación de cooperativas, la rehabilitación o la conversión de locales en viviendas», medida ésta última puesta en marcha en Balears por el actual Govern. Para Moreno, «la prohibición del alquiler turístico en plurifamiliares puede ser una contribución, pero no se puede generalizar y la eliminación de las golden visa tiene un efecto muy limitado sobre el mercado inmobiliario».
Isabel González ha recordado que «los ayuntamientos tienen capacidad para quedarse con el 10 % de aprovechamiento medio de las promociones y así obtener suelo público, pero no lo están ejerciendo. En España arrastramos el problema de su apuesta por el turismo y la construcción, por lo que es necesaria la intervención política directa. La liberalización de suelo y mercado ha llevado a que en Madrid no se pueda vivir, y la demanda de vivienda se traslada a otras provincias. Mientras, a nivel general, las viviendas han pasado de ser un derecho básico a un elemento de inversión o especulación. Son ahora auténticas huchas de hormigón".
En este sentido, Jesús González ha indicado que «en Baleares, por el hecho insular, no podemos trasladarnos a otras provincias y por ello la tensión de los precios, en el caso de Mallorca, abarca toda la Isla, como área metropolitana de Palma. Los municipios vecinos tienen los mismos precios que la capital y la situación es aún peor en Ibiza».
En opinión de María José Piñeira, «la solución pasa por los gobiernos locales en la definición de qué modelo de ciudad queremos. La política de vivienda debe estar sujeta a una política de planificación, con estrategias conectadas a la realidad y la colaboración público-privada, pero la verdad es que la situación es urgente y el problema se ha cronificado. Los jóvenes no lo van a tener nada fácil porque la construcción no va a ser suficiente para atender toda la demanda. Y en cuanto a la gestión de la Sareb, resulta que hay paquetes de viviendas con problemas como la okupación, las cargas fiscales o los conflictos por herencias».
Dolores Sánchez ha indicado que «no se puede renunciar al turismo porque es estratégico, pero crea tensiones, presiones y dinámicas complicadas. Podemos limitar las viviendas turísticas, pero no prohibir ni demonizar el turismo. Es verdad que es voraz, pero ante sus impactos hay que actuar con ordenación y gestión eficiente».
Finalmente, Jesús González ha comentado que «el control de las viviendas turísticas puede haber funcionado relativamente, pero es discutible si contribuye a la reducción del precio. Ha tenido efectos positivos en algunos barrios en cuanto a oferta y precios, pero no todo lo esperado. En cuanto a la limitación de la venta a extranjeros, es un tema muy delicado y lo más seguro es que no se pueda hacer».