El vicepresident del Govern, Antoni Costa, ha defendido la legitimidad del Govern para aprobar deducciones fiscales a los arrendadores de vivienda en medio de un problema habitacional «gravísimo» en Baleares. El vicepresident ha explicado que han abierto una negociacion con el Gobierno porque este entiende que la norma puede tener problemas de encaje constitucional porque puede incumplir la normativa básica del Estado. El Govern no comparte para nada esta filosofía.
Costa ha señalado que, en el marco de la Comisión Bilateral entre ambas administraciones, defenderá la capacidad del Ejecutivo balear de aprobar estas deducciones y se ha mostrado dispuesto a incorporar modificaciones, pero siempre que se mantenga la deducción. «Esta deducción es absolutamente necesaria en Baleares», ha dicho. Ha defendido que el objetivo del Govern es que se ponga el mayor número de inmuebles posibles al alquiler de larga duración ante la escasez de vivienda en Baleares.
«No es una discrepancia definitiva, estamos dispuestos a negociar y creo que podremos llegar a un acuerdo», ha dicho Costa. El impacto económico de esta medida no estaba cuantificado ya que se trata de deducciones fiscales que supondrán una merma en los ingresos finales de la Comunitat, pero ha señalado los problemas que plantea el Govern no están relacionados con la cuantía en sí sino con el hecho de que se conceda la ayuda.
El Gobierno ha presentado una advertencia de inconstitucionalidad contra una parte de la disposición final segunda de la ley de Presupuestos de Baleares para el año 2024. Este artículo creaba deducciones autonómicas del IRPF para los arrendadores de pisos con la condición de que fueran alquileres de larga duración. El Gobierno de Pedro Sánchez cree que la Comunitat no tienen competencias para aprobar este tipo de deducciones.