Los taxistas de Pimem entienden que la sentencia del Tribunal Supremo sobre la precontratación de 30 minutos en VTC no afecta a Baleares -donde también se aplica este requisito-, que está pendiente de que el Tribunal Constitucional resuelva sobre su normativa.
Así lo ha expresado el presidente de la patronal del taxi en Pimem, Biel Moragues, en declaraciones a Europa Press. Moragues ha recordado que el pronunciamiento del Supremo, que no es nuevo, se ciñe a una normativa de rango reglamentario del País Vasco, y en el caso de Baleares se elevó una consulta al Constitucional porque en las Islas este requisito está regulado legislativamente.
«Mientras no se pronuncie el Tribunal Constitucional aquí no cambia nada», ha declarado Moragues, que ha recordado que por este mismo motivo el Parlament decidió, por unanimidad, no alterar los 30 minutos de precontratación exigidos en Baleares.
Moragues ha considerado que, más allá de las consideraciones formales, cabe la posibilidad de que el Tribunal Constitucional tenga un criterio distinto al del Supremo. Por ello ha defendido que no tendría sentido cambiar la normativa preventivamente en Baleares arriesgándose a que después el TC avalase el requisito.
Frente a las consideraciones del TS sobre una vulneración de la libertad de empresa por la exigencia de 30 minutos de precontratación a plataformas como Uber, Moragues ha sostenido que hay otros argumentos relativos a «la unidad de mercado».
Además, el presidente de los taxistas de Pimem ha subrayado que anteriormente el Supremo sí consideró que el servicio de VTC debe ser previamente contratado, a diferencia del taxi, pero sin entrar en el tiempo mínimo de antelación. «Si no se fija un plazo mínimo, ¿cómo se determina?», ha preguntado Moragues.
Igualmente, Moragues ha afirmado que «basta abrir la aplicación y pedir un Uber para ver que en dos minutos están ahí», asegurando que la plataforma incumple de forma habitual el requisito. Para la patronal del taxi, la operativa de «contrato anual» aplicando los 30 minutos sólo al primer servicio de cada usuario supone «un fraude». «Su intención desde el minuto cero ha sido no respetar nada», ha protestado.
Y si el constitucional dice que lo anula, pues que venga Dios y dicte sentencia definitiva