La gran promesa electoral de Pedro Sánchez en materia de vivienda, la puesta a disposición de las comunidades autónomas de 50.000 pisos propiedad del banco malo, no ha tenido ninguna eficacia en Baleares, al menos en los más de seis meses que han pasado desde que Sánchez fue elegido presidente del Gobierno. El anuncio inicial de cientos de viviendas terminó siendo menos ambicioso en el caso de Baleares, con una oferta final de 120 pisos que hasta la fecha no se han puesto a disposición de la comunidad autónoma.
De hecho, todo ese ambicioso plan apenas ha funcionado en toda España. Los últimos datos de ejecución de esa propuesta apuntan a que, de esos 50.000 pisos que debían ponerse en el mercado, solo se ha vendido a comunidades autónomas y municipios el 1,6% del total, es decir, 350 inmuebles que se han vendido a 18 entidades locales o autonómicas, ninguna de ellas de Baleares.
De aquella cifra, unas 21.000 viviendas se encontraban vacías; otras 14.000 estaban habitadas y se empezó a trabajar para destinarlas a programas de alquiler social, y las 15.000 restantes podían haberse construido en el suelo disponible propiedad del banco.
La propuesta final que llegó a Baleares en plena campaña electoral eran 120 viviendas que no llegaron a concretarse. La consellera d'Habitatge, Marta Vidal, tiene previsto mantener una reunión con los responsables de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para abordar qué posibilidades hay de adquirir inmuebles para destinarlos al alquiler social o de comprar terrenos que se puedan destinar a la construcción de VPO o que se puedan poner a disposición de los promotores dentro del programa ‘Build to rent', que consiste en que el Govern cede los terrenos a cambio de que los promotores construyan las viviendas y luego las alquilen por su cuenta a precio tasado.
Según los datos de la propia Sareb, este organismo tiene en Baleares 373 viviendas y otras 230 unidades «anejas», que pueden ser aparcamientos o trasteros. También es propietaria de 118 terrenos en las Islas, que es una de las opciones que quiere estudiar el Govern de forma particular.
Esos 120 pisos que se llegaron a ofrecer, una cuarta parte del total que tenía entonces, estaban en condiciones de habitabilidad, según detallaron desde la Sareb: contaban con cédula de habitabilidad y no estaban okupados, una casuística que sí se daba en algunos de los demás inmuebles. Algunos de ellos necesitaban una reforma, pero desde la Sareb señalaron que todos ellos podrían estar habitables casi de inmediato.
El apunte
El Govern prepara la redacción de dos nuevas leyes en materia de urbanismo
La consellera d’Habitatge, Marta Vidal, prepara dos leyes urbanísticas que también afectarán a las políticas de vivienda del Govern. Una de ellas es la modificación de la Ley de Urbanismo que aprobó el pacto para simplificar los procedimientos para que los ayuntamientos puedan hacer modificaciones de planeamiento con mayor celeridad y con menos procedimientos administrativos. También prevé modificaciones en materia de disciplina urbanística relativa a las cédulas de habitabilidad. En paralelo, la Conselleria d’Habitatge trabaja en la redacción de un nuevo proyecto de ley de ordenación del territorio con modificaciones en varias leyes aprobadas hasta la fecha.
Las claves
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Una mala experiencia con los primeros que se cedieron
En el primer mandato de Francina Armengol, el banco malo cedió pisos al Govern pero muchos de ellos no presentaban condiciones de habitabilidad. La última adquisición que se anunció era para 33 viviendas que rondaban un precio medio de 85.000 euros.
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Varias provincias sí han concretado la compra de inmuebles
Las provincias donde se han entregado viviendas son Álava, Murcia, Madrid, A Coruña, Pontevedra, Valencia, Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Soria, Palencia, Segovia, Valladolid, Ávila, León, Salamanca y Burgos.
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No hay presupuesto para comprar estos activos de los bancos
La Sareb asegura que el principal escollo para cerrar el traspaso de estos pisos es la falta de recursos públicos para materializar la compraventa. De hecho, los pisos se ofrecen a las comunidades autónomas, pero debe pagar por ellos.