José Vicente Marí, del PP, y Jorge Campos, de Vox, son los únicos diputados por Baleares que formarán parte de la comisión de investigación del Congreso por el caso Koldo y otras presuntas irregularidades en la compra de mascarillas y material sanitario durante la pandemia, aún sin fecha de constitución.
Los grupos parlamentarios del Congreso han designado este lunes a sus representantes en la comisión de investigación, que por parte del PSOE serán Alejandro Soler Mur, Juan Antonio González Gracia y Mercedes González Fernández. En representación del PP, los miembros de la comisión son Elías Bendodo, José Vicente Marí y Marcarena Montesinos, mientras que Vox estará representado por Carlos Flores Juberías y Jorge Campos Asensi.
De Sumar, se sentarán en este órgano Aína Vidal (Comunes) y Enrique Santiago (IU). Esquerra Republicana de Catalunya acudirá a esta comisión con su portavoz, Gabriel Rufián, y lo mismo hará Junts, que estará representado por Miriam Nogueras. Del PNV, estará Maribel Vaquero, y por EH Bildu acudirá Oskar Matute. En el Grupo Mixto, será la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido quien se siente en esta comisión.
La designación de los miembros de esta comisión se ha repartido de la siguiente manera: tres personas de cada grupo parlamentario de más de cien diputados; dos de cada grupo con más de ocho parlamentarios y menos de cien y un representante para el resto.
El pleno del Congreso aprobó el pasado día 21 por mayoría, con la abstención del PP y el voto en contra de Vox, la creación de una nueva comisión de investigación sobre estas presuntas actuaciones fraudulentas, que empezará por el caso Koldo. Un caso cuyo efecto más inmediato fue la suspensión de militancia del PSOE del exministro de Trasnportes José Luis Ábalos, quien no quiso renunciar a su acta y se marchó al Mixto.
Se trata de la tercera comisión de investigación, tras las creadas en el Senado y en el parlamento balear, que se centra en la contratación de material sanitario durante la pandemia y, en este caso, en la realizada por la Administración del Estado y sus distintos organismos, así como de otras administraciones públicas.
Los diputados no sólo focalizarán sus trabajos en el caso Koldo, sino también en las supuestas estafas que se cometieron en otros contratos vinculados a la Comunidad de Madrid o a su ayuntamiento.