Nuevo movimiento. Después de conocer la sanción millonaria al policía local por alquilar más de 70 infraviviendas en distintos puntos de Palma, y que ahora está desalojando a las familias de allí, la Plataforma de la Inmigración –que engloba a asociaciones de inmigrante– ha constituido la plataforma de los afectados de estos habitáculos ilegales.
El PSOE, a través de la secretaría de Derechos Humanos y Migraciones, ha estado apoyando esta iniciativa y asesorándoles de cómo tienen que constituirse, sobre todo después de conocer la situación de muchas familias de las infraviviendas, a las que algunos socialistas han podido conocer personalmente. La plataforma, además, cuenta con el apoyo de Balears Acollim y de otras entidades sociales de la Isla.
Esta iniciativa se gestó a raíz de recoger «amenazas» por parte del policía local a muchos de sus inquilinos en los últimos meses. La mayoría, de origen dominicano, según apunta el presidente de la Plataforma de la Inmigración, Farouk Pino, a este periódico. Hasta la fecha, han localizado a 40 familias de estas viviendas ilegales para ayudarles y defender sus derechos una vez sean desahuciados.
La Asociación de Dominicanos en Mallorca, encabezada por José Solano, está en pleno trabajo elaborando la lista de los afectados, puesto que muchos inquilinos son de esta nacionalidad. Su sorpresa fue conocer sus testimonios, la mayoría sufriendo insultos. De hecho, el propio José Solano interpuso una demanda el pasado lunes, 11 de marzo, contra el propietario por ser víctima de un delito de odio por racismo. El grupo socialista, después de conocer la dramática situación, inició unas reuniones esporádicas con las asociaciones de inmigrantes para tenderles una mano amiga y reflexionar sobre los retos del futuro.
Desde la nueva plataforma han podido confirmar que el policía sancionado sigue cobrando la mensualidad a la mayoría de sus inquilinos de las infraviviendas, a pesar de que no puede, y está presionando a que las familias de los trasteros de Gomila a que se vayan. Un modus operandi que está asustando a muchas personas y que sienten presión porque no tienen a donde ir.
Presión al Govern
«El Govern, una vez más, deja tiradas a las personas vulnerables, a familias víctimas de un fraude», expone Omar Lamín, diputado socialista y secretario de Derechos Humanos y Migraciones. En el pasado pleno del Parlament, él mismo puso sobre la mesa la protección de los inquilinos de las infraviviendas, pero no obtuvo respuesta del Govern.
Por otra parte, insistirá y presionará a la presidenta, Marga Prohens, a que cumpla la ley de la vivienda y declare Balears como zona tensionada «para evitar la tentativa de especular con los precios». El diputado socialista ha confirmado a este periódico que su grupo estará «al lado» de las personas afectadas de los trasteros ilegales y considera «imprescindible» que la Administración haga «políticas decisivas» para no dejarlas desamparadas cuando se queden en la calle.