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A juicio un empresario por matar seis tortugas de tierra al roturar un terreno forestal

La Fiscalía reclama una pena de prisión y prohibir la actividad a la sociedad durante una década por la destrucción de un hábitat forestal

La zona destruida era un hábitat protegido para especies como la tortuga de tierra y el milano real. | Joan Barceló

| Palma |

La Fiscalía reclama una condena de un año y tres meses para un empresario por destruir una zona forestal protegida que era además hábitat de tortugas terrestres. Según la calificación del Ministerio Público la actuación del propietario de la finca provocó la muerte de seis quelonios. El empresario estuvo citado este miércoles para una vista previa del juicio que terminó sin acuerdo posible. Será juzgado el próximo mes de noviembre.

Según la calificación provisional de la Fiscalía de Medio Ambiente, el acusado se hizo con una finca la Marina de Llucmajor y, a partir de 2016, puso en marcha una explotación agraria en la misma. Para ello roturó casi doce hectáreas en la zona. Toda esa actuación chocaría con la Ley de Montes y otras cinco disposiciones más dado que se trata de un hábitat natural de especies protegidas como el milano real o la tortuga mediterránea. Antes del suceso más grave, que fue detectado en febrero de 2021, el acusado ya había sido sancionado en tres ocasiones. En esa fecha aparecieron seis ejemplares de tortuga de tierra muertos en la finca por el paso de un tractor.

Expediente

A partir de ahí, la Conselleria de Medio Ambiente inició un expediente sancionador que terminó con un reconocimiento de culpa por parte del empresario y el pago de una sanción al suponer una intervención en una zona forestal consolidada desde hacía más de treinta años que fue completamente roturada para su cultivo.

Junto a la petición de una condena de cárcel, la calificación inicial también incluye una inhabilitación durante un año y seis meses para explotar el negocio agrícola del acusado. Añade una serie de multas: de 7.200 euros para el acusado y de otros 22.500 euros para la sociedad con la que se explota la zona forestal ahora reconvertida en cultivo. La petición de la Fiscalía también supondría el cese de activida de esta firma por un periodo de diez años. Por último, la acusación pública también pide que se obligue a los acusados a adoptar todas las medidas necesarias para restaurar el equilibrio ecológico en la zona, una medida que tendría que supervisar la Conselleria de Medi Ambient del Govern.

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