Con seis años y en un despertar que jamás olvidará, la vida de Catalina Pizá, una administrativa mallorquina hoy en día de 46 años de edad, cambió para siempre. Pero su carrera por dignificar la realidad con la que le ha tocado convivir, a ella y su familia, no ha acabado. Lleva más de un lustro reclamando la concesión de la invalidez absoluta, justificada en la reducida movilidad y los fuertes dolores que llevan consigo la dolencia que le ha sido diagnosticada y que soporta estoicamente. A la par que lleva a cabo desde hace varios años una carrera en los juzgados y ante la Seguridad Social para defender sus derechos y reclamar la invalidez absoluta.
Sin apenas poder moverse, siendo totalmente dependiente y habiendo tenido que adaptar su vivienda a su situación, sin alturas ni desniveles, Catalina también tiene una agenda de terapias que llevan consigo gastos añadidos a la logística -andador, silla de ruedas...- que le acompaña en este duro viaje que es su día a día y en el que la implicación de su pareja y sus hijos hace un poco más llevadera su dolencia.
Catalina ha sido diagnosticada de síndrome de Guillain-Barré, un trastorno poco frecuente en el cual el propio sistema inmunitario daña sus neuronas y causa debilidad muscular e, incluso en algunas ocasiones, parálisis. Esta dolencia puede a su vez llevar consigo síntomas que, por norma general, se extienden por espacio de algunas semanas. El mayor porcentaje de las personas se recuperan totalmente, pero algunas padecen daños del sistema nervioso, articular y muscular a largo plazo. Ese es el caso que nos atañe.
«Con seis años, de repente me quedé ciega y paralítica. Esa parálisis me provocó una escoliosis y nadie podía encontrar el motivo», recuerda Pizá, operada cuatro veces de la columna y a quien se le diagnosticó síndrome de Guillain-Barré y neuritis. Todo ello derivó en una escoliosis severa, incontinencia urinaria, debilidad en el cuádriceps izquierdo, dolores constantes especialmente en la pierna izquierda... y una decena de operaciones.
«No quiero tomar morfina, me han hecho infiltraciones y me han propuesto la opción de un neurotransmisor que inhibe el dolor, pero es costoso y para instalarse debe pasar por muchos filtros de trámites», explica, siendo la puerta abierta a esa opción el valenciano hospital de La Fe.
A nivel laboral, ha sido todo un calvario, pese a que Catalina he recibido y agradece todas las facilidades por parte de su empresa para poder trabajar, pese a las limitaciones que su estado de salud arrastra. «De las tres primeras intervenciones me recuperé bien, pero de la que tuve en 2017 salí sin sentirme las piernas, no me podía mover... empecé a sangrar por la columna e incluso una noche me dijeron que a lo mejor no me volvía a despertar...», relata Pizá, que acumuló por entonces 18 meses de baja.
«Me llamó Inspección de Trabajo, yo iba en silla de ruedas, y me decían que podía volver a trabajar», asegura, y añade que no le quedó otro remedio que aceptar «e intentarlo, pero era un suplicio, tenía dolor y no me podía mover. No dormía... pero tras seis meses así, estuve otro año y medio de baja y decidí solicitar una incapacidad», prosigue. Y ahí llegó otro episodio clave en esta historia. «Sin que nadie me viera ni me visitara, una tarde recibo un SMS diciendo que me tengo que reincorporar de inmediato al trabajo. Y lo hice, estando mal», prosigue.
Ahí, decidió entrevistarse con el Director Territorial de la Seguridad Social, «y me dijo que si Stephen Hawking podía trabajar, yo también. Me marché decepcionada, triste por cómo nos trataron», lamenta Pizá, a quien denegaron la incapacidad, remarcando que durante este traumático proceso «no me ha visitado ni un forense ni un médico, resulta incomprensible».
Ya en noviembre de 2023, se le concedió una incapacidad total para su puesto del trabajo, que se añade a la discapacidad reconocida del 82 % desde los 16 años. «Ha sido cinco años de maltrato, teniendo que demostrar que estoy mal... te mueres de dolor y te envían a trabajar, siento una gran impotencia por todo lo que me han hecho sufrir», exclama Catalina, que lamenta de nuevo que le hayan denegado «hasta en dos ocasiones una incapacidad y con las mismas condiciones, y me la dan cinco años después. Me han puesto en riesgo yendo a trabajar, pues apenas puedo moverme, aunque sí que tengo que agradecer las facilidades que siempre me han dado en mi empresa», añade.
«Sólo pido que me evalúen, que me miren, que no sea pedirme papeles y más papeles y que apenas me dejen hablar», espeta esta mujer, cuya pareja teletrabaja para poder atenderla al ser «totalmente dependiente», pese a que se le ha denegado poder acogerse a la Ley de Dependencia. «Me da rabia que tengo que luchar por la invalidez absoluta, será un proceso largo e innecesario, pero voy a reclamarla en los juzgados, aunque sé que llevará consigo un importante desgaste emocional, económico y físico en mi caso», advierte.
Y es que su situación es delicada, al sufrir momentos de crisis «en los que no puedo poner los pies en el suelo, apenas puedo vestirme incluso. Cada semana tengo que ir al fisioterapeuta, a un entrenador personal para activar la masa muscular y no perderla... a eso se suma comprar un andador, una silla de ruedas, adaptar nuestra casa... y más medicamentos», desgrana Catalina, cuyo abogado asegura que el proceso puede dilatarse por espacio de más de un año.
Lo triste, asegura, «es que será un juez el que decida y no un médico, y que seguro que hay personas que están en mi misma situación y no tendrán recursos para llegar a los tribunales, pero mientras pueda, voy a lucharlo porque creo que es justo», finaliza Catalina, con cuyo testimonio desea dar visibilidad a su caso y alumbrar a quienes quieran seguir sus pasos tras verse «menospreciada» por la Seguridad Social.