La certificación que dio el anterior Govern a las mascarillas compradas en plena pandemia es uno de los elementos que incorporó en sus alegaciones la empresa vinculada a la trama de Koldo. En los papeles que presentó a finales del año pasado, después de que se abriera el expediente de reclamación de 2,6 millones se euros, la empresa respondió que no había lugar a esa reclamación. Afirmó que, en agosto de 2020, el IB-Salut realizó una certificación que acreditaba que el material era correcto.
El 12 de agosto, cuatro meses después de que llegaran las mascarillas, el subdirector de compras emitió un certificado de conformidad sobre la ejecución del contrato y aseguró que la empresa había realizado el suministro «de manera satisfactoria y sin conocimiento de incidencias».
Certificación ordinaria
Fuentes del PSIB aseguran que se trata de una certificación ordinaria, pero quedó registrada en las alegaciones de la empresa, a la que el Govern aún no ha respondido. Esta certificación, junto con la tardanza en reclamar el dinero, son las dos argumentos que esgrime el actual Govern para intentar poner en marcha otra reclamación administrativa. Creen que la que se inició a raíz de la propuesta del 6 de julio no tiene posibilidades de prosperar. Es una de las bases para estudiar la presentación de otra reclamación a la vista de las nuevas informaciones que han aparecido. Pero además, hay otra razón que justifica esta reclamación.
Todo el dinero
El actual Govern asegura que quiere recuperar todo el dinero que se pagó, los 3,7 millones de euros, y no solo los 2,6 millones de sobrecoste de la operación. Ha anunciado que actuará por la vía penal para solicitar el reintegro de la cantidad global y señala que, en ese sentido, no es lógico que haya una demanda administrativa en la que solo se pide una parte.
El Govern balear trabaja en la posible presentación de esta nueva reclamación administrativa mientras la Abogacía de la Comunitat ya tiene prácticamente listas las alegaciones para que el juez le permita personarse en la causa como parte perjudicada. El juez rechazó la petición del Govern porque las mascarillas se pagaron con fondos europeos, pero el Ejecutivo de Prohens ha renunciado a esta subvención. Eso significa que el material se terminó pagando, finalmente, con dinero del Govern. En cualquier caso, la Fiscalía europea ha abierto una investigación sobre esta causa.
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