Indignación en el sector inmobiliario. Esto es lo que ha provocado el nuevo índice de limitación de precios de alquiler, que ha presentado el Ministerio de la Vivienda y que el Gobierno pretende poner en marcha en las zonas tensionadas. De momento, sólo parece que se va a aplicar en Cataluña; el Govern balear ya ha anunciado que no lo hará porque entiende que «disminuiría la oferta existente y aumentaría los precios».
Esta opinión es compartida por el sector inmobiliario. El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, asegura que «el Ministerio está fallando en el diagnóstico: la única manera de darle la vuelta a la dramática situación del alquiler no es actuando en los precios sino en la oferta. El encarecimiento solo refleja el verdadero problema del alquiler, que no es otro que la falta de pisos». A su modo de ver, «dedicar tiempo y dinero a un índice que limite los precios es echar más gasolina al fuego y una falta de responsabilidad y sensibilidad con la desesperación de miles de familias que no encuentran casa en alquiler. Este tipo de medidas es no querer entender el problema y hacerlo aún mayor, reduciendo aún más el mercado. Nadie podrá decir que no se avisó: la destrucción de la oferta disponible tensiona los precios al alza y hace imposible el acceso a los colectivos más vulnerables. Seguir creyendo que hay que actuar en los precios de manera coercitiva no es el camino. No hacen falta años para comprobarlo y es sorprendente la insistencia en continuar con una política fallida».
Desde el portal inmobiliario Pisos.com también cuestionan la efectividad de esta medida y lamentan que «este avance sigue sin disipar las dudas en torno al impacto positivo de la Ley de la Vivienda y genera una serie de cuestiones adicionales, como quién va a ser el encargado de gestionar esta limitación y si hay una dotación presupuestaria determinada». El director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, lamenta que «será un freno a la incorporación de nuevos inmuebles al mercado de alquiler que no estaban y que llevaban más de cinco años sin ser alquilados, básicamente porque tendrían que ir a dichos precios de referencia. Estamos viendo que entre los precios actuales y los referenciados hay mucha diferencia, por lo que los incentivos para los propietarios son muy reducidos».
La vicepresidenta del Colegio y la Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares (API), Natalia Bueno, también cuestiona los resultados del índice de limitación de precios del alquiler, ya que el Ministerio ha asegurado que se han obtenido de las medias declaradas a la Agencia Tributaria por los arrendatarios de cada zona en el último año. «¿Cómo es posible que den precios que están a la mitad de lo que se ofrece en el mercado», reprocha. En este punto, precisa que se debería haber consultado al Ibavi, ya que es el encargado de gestionar las fianzas de los alquiler es que formalizan en las Islas.
Además, Bueno considera una «sinvergoncería que el Gobierno descargue la responsabilidad de abaratar el precio del alquiler en los propietarios en lugar de hacer una política de vivienda pública efectiva». No obstante, matiza que la declaración de zonas tensionadas sí puede ser positiva siempre que sirva para aplicar rebajas fiscales importantes a aquellas personas que alquilen sus inmuebles por debajo de los precios del mercado.
El presidente de la Asociación Balear de Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (ABINI), Hans Lenz, expresa tu total disconformidad con la intención del Gobierno central de limitar el precio del alquiler, mediante la declaración de zonas tensionadas. A su modo de ver, «la Ley de Vivienda ha creado exactamente lo contrario que han querido vender a los electores días antes de las elecciones autonómicas. Basta hacer el más mínimo análisis internacional para entender que estas medidas mediáticas y sin fundamento objetivo no funcionan».
Lenz confiesa su alivio, ya que el Govern ha asegurado que no declarará las zonas tensionadas y, por tanto, no limitará el precio del alquiler. En su opinión, el problema de la vivienda sólo se podrá resolver con «trabajo duro, realismo y objetividad. Puede que sea impopular, pero ya se ha acabado el tiempo de mentir a la gente. Falta vivienda y el aumento de población es algo que no desaparecerá. Los ciudadanos de Baleares se merecen un plan real de vivienda asequible con el mayor apoyo político y económico del Estado español».