Un juzgado de lo Penal de Palma ha absuelto al abogado acusado de montar una trama de matrimonios falsos para transexuales brasileños en el juzgado de paz de Sineu. El letrado era el único de los doce acusados que se sentaron inicialmente en el banquillo contra el que la Fiscalía mantuvo los cargos después del juicio.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, el letrado había cobrado en torno a 1.500 euros a personas sin papeles a cambio de tramitarles el matrimonio con ciudadanos europeos para poder obtener así la residencia legal en España. Sin embargo, la sentencia descarta que existan pruebas de que se concertaran matrimonios de conveniencia y valora que la actuación del abogado pudo haberse limitado a tramitar papeles de parejas reales y a cobrar por un asesoramiento legal para que los enlaces llegaran a buen término.
En el juicio, el abogado justificó que actuó «por sensibilidad hacia el colectivo LGTBI» y porque conocía a varias de las transexuales que le pidieron su consejo profesional. También justificó que, a raíz de estas gestiones, varios colectivos a nivel nacional intentaron que les representara, algo que rechazó porque su principal actividad profesional está ligada a otra área del Derecho. La sentencia descarta la existencia de pruebas. En gran parte porque las dos denunciantes iniciales, que gestionaban un piso de alterne competencia del de las acusadas, se desdijeron casi completamente. Estas dos testigos habían sido quienes denunciaron la supuesta trama de matrimonios falsos a la Policía Nacional. Sin embargo, en el juicio lo que hablaron fue de matrimonios entre parejas que estaban consolidadas de años antes a la firma de los documentos.
Las defensas plantearon en la vista que la denuncia fue un ataque con el objetivo de desacreditar a la competencia. Al finalizar el juicio, la fiscal retiró los cargos contra la mayoría de los acusados al carecer de pruebas para mantener que había mediado algún pago para llevar a cabo los matrimonios. Todos los acusados señalaron que aún años después de las bodas, la convivencia entre los matrimonios seguía vigente. La última pata pendiente, el abogado, queda fuera en la sentencia. La Fiscalía reclamaba para él una condena de un año de prisión, lejos de los ocho años que constaban en la calificación provisional.