Con el coste de la vivienda completamente disparado y el precio del metro cuadrado que supera los 3.000 euros en las islas, el mismo nivel que en Madrid, la realidad inmobiliaria de Baleares se enfrenta a otro problema que agrava la emergencia habitacional en las Islas: es, junto con Galicia, el territorio donde menos VPO se vende de toda España. De las 14.202 viviendas que se compraron el año pasado en Baleares, solo el 0,63 % tenía la consideración de vivienda protegida, un 0,46 % en el caso de Galicia. Ese es el porcentaje de viviendas que se vendieron el año pasado a precio tasado.
Traducido en número total de transacciones, eso supone que en 2023 solo se vendieron unas 850 viviendas públicas, pero es que además hay un agravante: muchas de ellas las compró la administración , que tiene el derecho de compra preferente cuando se produce una transacción inmobiliaria en la vivienda protegida.
Los datos del Colegio de Registradores revelan que el panorama es igual de complicado en toda España y que la venta de vivienda protegida es un fenómeno minoritario en toda España. La media se situó en el 1,32 %, una cifra bajísima, pero que aún así supone el doble de las ventas que se produjeron en Baleares. En Cantabria, el porcentaje es del 0,76 % pero hay que tener en cuenta que el precio de la vivienda es allí de 1.682 euros el metro cuadrado, la mitad que en las Islas, por lo que la situación de emergencia habitacional es muy diferente a la de las Islas.
Por el contrario, la comunidad donde hay un mayor porcentaje de venta de vivienda protegida es Navarra. Junto con el País Vasco y Extremadura, son las tres únicas autonomías de España en las que el porcentaje de transacciones de vivienda a precio tasado superó el 3 %. En todas ellas, el precio medio de la vivienda se sitúa muy por debajo del de Baleares y, en el caso de Extremadura, es uno de los más bajos de España ya que solo llega a 763 euros el metro cuadrado, cuatro veces menos que el de Baleares.
Los registradores calculan que el año pasado se vendieron 14.202 viviendas, si bien se trata todavía de datos provisionales ya que, según los notarios, el número superó los 15.000. Ese volumen que apunta el Colegio de Registradores supone un descenso del 20,3 % con respecto al año anterior, una cifra elevadísima que no se había visto en muchos años. Los notarios señalan que el descenso fue del 19,9 %. Por lo que se refiere a las características de la vivienda, según los registradores, del número total de compraventas, 2.940 correspondía a vivienda usada (un 5,1 % menos que en 2023) y 11.262 eran viviendas nuevas (23 % menos).
El apunte
El Govern seguirá ejerciendo el derecho de adquisición preferente
La Conselleria d’Habitatge tiene previsto seguir ejerciendo el derecho de compra preferente cuando un particular ponga a la venta una VPO. Los propietarios ya no pueden venderla a precio libre, sino que, por ley, tienen la obligación de venderlas a precio tasado y, además, el Govern tiene preferencia para comprarlas a ese precio. En la pasado legislatura, el Govern amplió por esta vía el parque de vivienda pública al adquirir más de un centenar de pisos que se sumaron a los que ya tenía. La nueva consellera, Marta Vidal, contestaba hace unos días a preguntas de la oposición que la Conselleria seguirá ejerciendo este derecho para ampliar el número de viviendas.
Las claves
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Unos 3.00 pisos, construidos o en fase de construcción
El anterior Govern dejó un patrimonio público de unas 3.000 viviendas entre los pisos ya construidos y los que están en fase de construcción. La cifra casi duplica las 1.700 vivienda públicas que había al iniciarse la legislatura de Francina Armengol.
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Más de 5.000 inmuebles públicos pasaron al mercado libre
En la anterior legislatura, el Govern perdió el control de más de 5.000 inmuebles que estaban bajo su tutela ya que se construyeron como VPO, pero que pasaron al mercado libre al cumplirse 30 años de su construcción.
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Cambio legislativo para mantener la vivienda protegida
A raíz de esta pérdida de control, el anterior Govern aprobó un cambio que incluyó en la Ley Balear de Vivienda para que los pisos protegidos no pasen nunca al mercado libre y siempre se revendan a precio tasado