«No tenemos constancia de que se le haya pedido el requisito del catalán a ningún profesional tras dos años (de obtener una plaza fija)». Así de contundente ha sido el director general del IB-Salut, Javier Ureña respecto al decreto pactado por PSIB y Més en 2018, por el que se regulaba el uso del catalán entre el personal estatutario del Servei.
La norma decía que las plazas sanitarias consideradas de difícil cobertura que salen a concurso de oposición o estabilización tenían una moratoria de dos años para presentar el requisito del catalán. Era el sistema que había establecido el anterior Govern para garantizar que el idioma no fuera un problema para atraer a profesionales.
Sin embargo, tras recabar toda la información posible, «no tenemos constancia de que a ningún profesional se le haya requerido la obtención del certificado pasado ese tiempo». El hecho de no presentar la acreditación hacía que se perdieran determinados derechos como la compensación económica por la carrera profesional o la posibilidad de cambiar de destino, aunque mantenían la plaza. «La situación de facto era la inseguridad jurídica y de desconcierto por parte de profesionales», ha añadido Ureña.
Al ser preguntado por los sanitarios que se han asociado en defensa del catalán, el director del IB-Salut ha dicho que «la normativa es clara: el administrado decide la lengua en que se quiere expresar y en ese sentido es genial que lo pueda hacer en catalán». Sin embargo, si los profesionales no están obligados a conocer la lengua podría no garantizarse este derecho, a lo que Ureña ha advertido que «lo que no garantiza el derecho a ser atendido en catalán es pedir que el conocimiento de la lengua sea un requisito y después no comprobarlo».
Otra de las situaciones que deja en el aire la política lingüística en el ámbito sanitario del anterior Govern es la estabilización de plaza de todas las personas que se presentaron al IB-Salut y que en ese momento no trabajaban de forma activa en el Servei. Se calcula que unas 800 personas, la mayoría enfermeras, quedarán fuera del proceso de estabilización de plazas que ahora se encuentra en fase de méritos.
Como ya informó este periódico, el proceso se inició a finales de 2022 sin que el conocimiento del catalán fuera un requisito pero, tras la crisis de Govern al considerar que se eximía a demasiada gente, cambiaron las reglas. Con todos los aspirantes presentados, Salut pasó a solicitar la titulación del catalán como un requisito. Sólo los que estuvieran en servicio activo tendrían una moratoria para presentarlo. El resto, a día de hoy, se quedará fuera. «Nos encontramos con una situación jurídica muy compleja», ha reconocido Javier Ureña, cuyo Govern paradójicamente ha aprobado la exención del conocer el catalán de forma obligada.