Los colegios de Baleares que se adhieran al plan piloto de elección de lengua del Govern tendrán que ofrecer a partir del próximo curso en castellano o catalán las asignaturas de Matemáticas y Conocimiento del Medio en segundo y tercer ciclo, es decir, entre cuarto y sexto de Primaria. En el curso 2025-2026 esta posibilidad se extenderá a los institutos, de manera que las familias podrán elegir una de las dos lenguas oficiales en dos materias: Matemáticas y Geografía e Historia. También tendrán que escoger uno de estos dos idiomas en las materias de ámbito científico: o Biología y Geología, o Física y Química o Tecnología.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha explicado este jueves en el Parlament que en todos los casos se garantizará un mínimo del 50 % de horas electivas en catalán, como exige la normativa educativa vigente. De este cálculo se excluyen las horas de patio y las que los alumnos dedican a las asignaturas lingüísticas. Para que los centros se adhieran al plan, los centros públicos tendrán que contar con el consenso de todo el claustro, mientras que, en el caso de los concertados, será decisión de los propietarios del centro. Es decir, una congregación religiosa, los socios de una cooperativa o una empresa, por ejemplo.
Hasta ahora, el modelo educativo balear se ha basado en que el catalán sea la lengua vehicular para fomentar su normalización, ya que es una lengua minorizada y el castellano es más usada y los alumnos en todos los casos adquieren mayor conocimiento, incluso bajo el sistema lingüístico actual. En la práctica, además, no en todos los centros se cumple ni siquiera un 50 % de las horas lectivas en catalán.
Vera también ha vuelto a rechazar las acusaciones que durante estos últimos meses se han hecho contra su equipo por querer segregar según la lengua. El conseller ha justificado que el plan no lo hará amparándose en un decreto vigente sobre lenguas extranjeras aprobado por el Pacte, bajo la presidencia de Francina Armengol. Esta norma de 2016 permite que se hagan grupos flexibles, también conocidos como desdoblamientos, para impartir ciertas materias en inglés, alemán y francés. Su argumento es sencillo: si en estos casos, que se están dando desde hace años en diversos centros públicos y concertados de las Islas, no se consideran como segregación, tampoco lo es si se hace con el castellano y el catalán.
«Según el decreto se puede hacer una línea de Matemáticas en catalán o en inglés. Si esto no es segregar, creo que tampoco lo será si se hace en catalán o castellano», ha reiterado Vera ante las críticas de la diputada del PSIB, Amanda Fernández.
Por lo que respecta al periodo de primera enseñanza, Vera ha vuelto a insistir que el Govern garantizará que las familias puedan elegir la lengua en la que se escolariza por primera vez a sus hijos en Infantil y en primero y segundo de Primaria, como establece la normativa vigente desde que se definió por primera vez en 1986 con la Ley de Normalització Lingüística.
La Conselleria d'Educació realizará un análisis sobre el nivel competencial de los alumnos en castellano y catalán que estudian en los centros que se adhieran al centro. De esta manera, al acabar la legislatura, volverán a hacer los mismo para poder comparar el nivel lingüístico de los alumnos antes y después de desplegar este plan, según ha explicado el conseller Antoni Vera.
Representantes de todos los sindicatos educativos, como el STEI, UOB y SIAU, así como de la FAPA y la Obra Cultural Balear han estado presentes en la comisión parlamentaria en la que Vera ha explicado sobre estos detalles. Además, algunos han acudido con camisetas verdes.
Un plan que arrinconará la lengua
La Obra Cultural Balear mantiene que el plan segregara lingüísticamente y que solamente persigue arrinconar al mínimo la presencia del catalán en los centros públicos de Baleares y ha calificado la exposición del conseller como una manipulación y tergiversación. Además, en un comunicado, la entidad ha considerado que la comparecencia de Vera no contesta ninguno de los planteamientos de la comunidad educativa y que, sobre todo, traslada a los centros y a las familias la resolución de los conflictos que generará la implantación del plan.
«Se descarga la responsabilidad de su ejecución sobre los centros, lo que pone a los equipos directivos en la diana de las familias y dinamita la convivencia educativa», según la OCB, que ve esta iniciativa como una «demolición unilateral del consenso en torno al modelo lingüístico de los últimos 25 años».