Las patronales de los Vehículos de Transporte con Conductor, Unauto-VTC y Feneval-VTC, han advertido por escrito a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de que la nueva ley del taxi, aprobada el martes en el Parlament balear, acarreará indemnizaciones «millonarias» a cuenta de las arcas públicas de la comunidad.
«La aprobación de esta ley generará una millonaria responsabilidad patrimonial a la Administración», señalan las patronales en una carta abierta a Prohens y firmada por los presidentes de ambas entidades, José Manuel Berzal (Unauto-VTC) e Ignacio Manzano (Feneval-VTC). «Además de ver aún más limitadas sus opciones de movilidad, los ciudadanos de la comunidad que usted preside deberán pagar de sus impuestos cuantiosas indemnizaciones a los titulares de las autorizaciones».
Asimismo, advierte de que, como representantes del sector, «no nos quedará más remedio que exigir también responsabilidades» a los dirigentes políticos baleares, a quienes acusan de haber «ignorado deliberadamente» la jurisprudencia existente al respecto en el ámbito comunitario europeo.
El Pleno del Parlament aprobó por unanimidad este martes la nueva normativa, que a grandes rasgos implica más restricciones para el sector de las VTC en las Islas. Así, el texto prevé mantener la precontratación obligatoria de 30 minutos de antelación, define un ámbito de actuación insular para evitar que se puedan trasladar licencias VTC de una isla a otra y otorga un margen temporal para que licencias de Eivissa no operen en el resto del Archipiélago. También se contempla la doble licencia, urbana e interurbana, como condición exigible a todo aquel que quiera ejercer, lo que supondría rango de igualdad entre VTC y taxistas. Asimismo, se fija una moratoria en la concesión de licencias hasta la aprobación de la regulación definitiva.
Se trata de la primera normativa que aprueba el Parlament derivada de una proposición de ley, en este caso a instancias del PSIB. Su portavoz, Iago Negueruela, reivindicó en el pleno la necesidad de impulsar este texto «frente a multinacionales y grandes operadores que buscan «destrozar el sector para imponer un monopolio».