«Tramitaba los matrimonios porque tengo una sensibilidad especial hacia el colectivo». Un abogado es el único de los trece acusados por formar una trama de matrimonios de conveniencia en Palma para el que la Fiscalía mantuvo los cargos después del juicio. El Ministerio Público le reclama un año de prisión por un delito contra los ciudadanos extranjeros. Se le acusa de poner en marcha una red que terminó en seis matrimonios de conveniencia, la mayor parte de ellos con dos cosas en común: se hacían en el juzgado de paz de Binissalem y los contrayentes eran transexuales brasileñas que se casaban con ciudadanos comunitarios. En el juicio, la fiscal retiró la acusación contra los doce acusados que formaban los matrimonios mixtos. La acusación se vino abajo con la floja declaración de varios testigos de cargo, en especial con la de las dos mujeres, también transexuales, que denunciaron ante la Policía Nacional la supuesta trama de matrimonios ficticios.
Estas testigos, en el juicio aseguraron que las parejas eran reales. Antes, los acusados habían apuntado a un supuesto móvil perverso por parte de ambas denunciantes: regentaban un piso dedicado a la prostitución y denunciaron a un piso rival para eliminar la competencia en Palma.
Todos los acusados, tanto los de origen brasileño como los comunitarios dieron la misma versión: conocían a sus parejas y convivían con ellos mucho antes de las bodas o incluso, con anterioridad de instalarse en Mallorca y aún siguen haciéndolo. Ante la falta de pruebas que demostraran lo contrario, la Fiscalía retiró la acusación por la falsedad de los matrimonios que supuestamente se habían concertado a cambio de un pago que nadie identificó en el juicio.
Así, queda la acusación contra el abogado. En su declaración, el letrado afirma que se limitó a tramitar los expedientes matrimoniales y a cobrar por ello y que lo hizo por implicación con el colectivo LGTBI. Negó que se le hubieran pagado cantidades desorbitadas, en torno a 6.000 euros, o que hubiera concertado los matrimonios entre personas que no se conocían. Admitió que los pagos estaban en torno a los 1.500 euros por sus honorarios profesionales para tramitar los papeles necesarios, aunque se negó a contestar a preguntas de la acusación pública.
El juicio quedó visto para sentencia con la absolución de una decena de acusados por la retirada de acusación y solo con el abogado como acusado, aunque con una petición de cárcel muy inferior a los ocho años iniciales que se le reclamaban por falsedad documental.