La crisis de Vox, tras la expulsión, por parte de cinco diputados del grupo parlamentario, del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y de la presidenta del partido y diputada, Patricia de las Heras, y la gobernabilidad de la instituciones ha sido el principal tema de debate de la primera sesión plenaria del Parlament este 2024. Pues, la primera sesión de control al Govern de este año, que está prevista que comience a las 10.00 horas de este martes, día 6 de febrero, incluye hasta siete preguntas de la oposición sobre los «tránsfugas de Vox» y la gobernabilidad de las instituciones. En concreto, la oposición quiere que el Govern diga si respetará el pacto antitransfuguismo, que explique cuáles son los «pactos ocultos» presuntamente acordados con los «diputados tránsfugas» de Vox y si mantendrá, junto a éstos, la «segregación» en las aulas.
Además, los portavoces parlamentarios de la izquierda reclamarán a la presidenta del Govern que explique cuál es la definición de «diputado transfuga». Y, que aclare si piensa basar la gobernabilidad de Baleares precisamente en «un grupo de tránsfugas», si garantizará la estabilidad del Govern en un pacto con los «tránsfugas de Vox». La pregunta de la portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Idoia Ribas, a Prohens, mientras, versará sobre los «principales objetivos del Govern durante el periodo de sesiones que comienza». Todo en un contexto en que los cinco diputados suspendidos de militancia que forman el Grupo Parlamentario Vox en Baleares aseguran no haber recibido aún ninguna propuesta de la dirección nacional para reconducir la situación política en el Parlament, al tiempo que insisten en su mensaje de que tienen «la mano tendida» al partido.
Por su parte, desde el Govern, la presidenta Marga Prohens ha apremiado a Vox a que «acelere la reconciliación o el acercamiento de posturas» y ha insistido en que «no hay solución que no pase por que se vuelvan a reconstruir estos diputados para que Vox cumpla su parte del acuerdo». La dirigente autonómica ha asegurado este lunes, en declaraciones a los medios de comunicación, que mantiene el acuerdo de investidura firmado con Vox, que implica «un Govern del PP en solitario» pero que determina que la presidencia del Parlament corresponde a Vox. En esta línea, ha afirmado que no incumplirá la palabra dada a los ciudadanos ni el acuerdo, por lo que esperarán a que Vox diga quién es su candidato «si es que hay cambios».
Asimismo, preguntada por una posible candidatura del PP para la presidencia del Parlament en caso de que la situación en Vox no se resolviera, la presidenta ha indicado que por ahora «no se está en este escenario». Mientras, ha asegurado que el Govern «continúa con su agenda», fruto de la «estabilidad que da tener un Govern solo del PP con unos presupuestos aprobados». «Pase lo que pase, el Govern está en pleno funcionamiento», ha concluido. En la misma línea, se ha pronunciado la portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, quien ha expresado su deseo de que Vox solucione su crisis interna y ha trasladado su confianza en el acercamiento de posturas señalando que, a día de hoy, para el PP «siguen teniendo siete diputados en diferentes circunstancias». Por su parte, el portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha pedido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que «no se esconda ante los problemas en las instituciones» y se posicione claramente contra el transfuguismo. Lo mismo que el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, según el que la crisis en Vox «no afecta solo a esta formación». «Desde el momento en que afecta al presidente del Parlament, está afectando al conjunto de las instituciones», ha añadido. Y, también, la portavoz de Unidas Podemos, Cristina Gómez, quien ha urgido a Prohens a someterse a una cuestión de confianza. «No tiene más remedio que someterse a una cuestión de confianza para saber en manos de quién está y saber hasta qué punto se van a utilizar los votos de cinco diputados tránsfugas», ha afirmado.
Otros temas
En la primera sesión de control al Govern de este año se abordarán así mismo otras cuestiones, como el hecho de que la Fiscalía de Baleares archivara la semana pasada las diligencias sobre la compra de los pisos de Metrovacesa durante la etapa del Govern de Francina Armengol, que abrió a instancias del Ejecutivo actual del PP. Según recordó Fiscalía, a raíz de la documentación proporcionada por el Govern se incoaron diligencias de investigación penal que recayeron sobre el fiscal Anticorrupción Juan Carrau. El fiscal examinó la documentación y consideró necesario un escrito del Ejecutivo que concretara las presuntas irregularidades. ç
La Conselleria de Vivienda no contestó a este requerimiento y por ello la Fiscalía ha archivado provisionalmente las diligencias al entender que no se desprenden datos suficientes para formular denuncia ante la autoridad judicial. El Govern puede, igualmente, presentar una denuncia ante el Juzgado. La consellera de Vivienda, Movilidad y Territorio, Marta Vidal, restó importancia al archivo, por parte de la Fiscalía, del expediente relacionado con la operación de Metrovacesa y aseguró que el Govern nunca quiso acusar ni señalar a nadie sino trasladar unas dudas y unas posibles irregularidades al Ministerio Público para que se pronunciara. Tras conocer el archivo, la responsable de Vivienda insistió en que lejos de querer presentar una denuncia, su departamento estaba cumpliendo con la obligación legal de comunicar las dudas sobre la operación del anterior Govern para comprar 88 pisos a Metrovacesa. «Si no hay indicios de delito, pues mejor», añadió.
Además, calificó como «simplemente absurda» la petición de dimisión por parte del PSIB, subrayando que en ningún momento hubo intención de generar un daño reputacional al anterior Ejecutivo vertiendo dudas sobre aquella operación. El primer pleno del Parlament de este 2024 finalizará en todo caso con la interpelación del PSIB-PSOE al Govern sobre su política en materia de educación y con la moción de los socialistas sobre la política del Ejecutivo en materia de fondos europeos. También, con el debate de una ley del PSIB para regular el sector del taxi. Sobre esto último, el PP ha celebrado el consenso alcanzado para mejorar el servicio de taxi y para regular las autorizaciones de VTC tras aprovechar la tramitación parlamentaria de la ley para introducir todo el trabajo que ya había llevado a cabo el Govern.
La portavoz 'popular' adjunta, Marga Durán ha destacado que Baleares será una de las comunidades que pone sobre la mesa el debate de la regulación del sector del taxi y de los VTC, «con valentía», negociando con todos y buscando fórmulas para mejorar el servicio. «Se mejora la competitividad del taxi a la vez que se evita una avalancha de posibles autorizaciones de VTC que serían insostenibles para las carreteras de Baleares, regulando el otorgamiento de licencias ordinarias y temporales para dar seguridad jurídica al sector y garantizar la libertad de empresa», ha añadido. También, el portavoz de MÉS ha reivindicado el amplio apoyo que cosechará la ley del taxi, aunque no cumpla todas las expectativas de los ecosoberanistas. Apesteguia ha celebrado que la norma vea la luz, aunque insistiendo en que «se tendría que haber ido más allá».