El nuevo concurso para adjudicar 18 farmacias que llevan abiertas desde el año 2010 no cierra el asunto. Un grupo de seis de los farmacéuticos afectados por esa convocatoria ha presentado una demanda contra el Reino de España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Denuncian que, durante todo el procedimiento judicial se han vulnerado sus derechos fundamentales al no permitírseles haber sido partes del pleito que ahora amenaza con dejarles sin farmacias.
Los afectados denuncian que la sentencia que termina en la repetición del concurso se produjo en su ausencia porque el TSJIB no les notificó la existencia del proceso y no pudieron oponerse al recurso. Una segunda vulneración se habría producido en la ejecución de la sentencia cuando el Supremo sí apreció indefensión pero ordenó continuar la ejecución «con vulneración de nuestro derecho de defensa». «Ante lo que consideramos una injusticia inadmisible acudimos al Tribunal Constitucional», afirman en un comunicado. Este órgano inadmitió el recurso.
«Como consecuencia de lo anterior nos vimos obligados a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde nuestra demanda ha sido admitida y tramitada por vulneración del derecho a un juicio equitativo». Ahora esperan sentencia. El grupo también ha impugnado en los tribunales la nueva convocatoria, publicada el fin de semana en el BOIB y está pendiente también de resolución. «Invocamos que se respete el estatus que adquirimos en 2010 como adjudicatarios de las oficinas de farmacia, so pena de incurrir en una discriminación».
Los farmacéuticos, que tienen sus oficinas abiertas desde hace más de una década y ahora se arriesgan a perderlas, afirman que mantendrán su empeño para que sus «derechos constitucionales sean reales». Afirman que su caso no puede ser tratado diferente a otros similares en los que se han producido nulidades, «sin que por ello se haya penalizado a los adjudicatarios, quienes no fueron responsables del defecto de nulidad». Advierten que, en el caso de que el concurso siga adelante y más tarde Europa les de la razón, «la administración balear se enfrentaría a indemnizaciones milllonarias y todo ello repercutiría en perjuicio del erario público y de la sociedad balear». Agradecen el apoyo ciudadano y las «muestras de cariño recibidas».