El Pleno del Tribunal de Cuentas ha acordado sancionar a Més per Mallorca (integrado en Sumar) por haber aceptado donaciones finalistas prohibidas por la ley y recogidas en sus informes de fiscalización. El Tribunal de Cuentas ha sancionado también y por este mismo motivo al PDeCAT y ha multado además a Nueva Canarias por no presentar en tiempo y forma sus memorias anuales.
A la coalición Més Per Mallorca se le sanciona «por la aceptación de donaciones finalistas, que están prohibidas por los artículos 4.2 y 5.1 de la Ley Orgánica de 2007 sobre financiación de los partidos políticos». Se trataría, en concreto, de una donación finalista con valor de 2.194 euros por el concepto de «Vaga 8M» de 2019 que, desde el partido, atribuyen a un «error administrativo». Según reseña la institución fiscalizadora, Més ha reconocido los hechos y ha procedido al pago voluntario de la sanción.
El Tribunal de Cuentas también ha sancionado por la misma irregularidad al Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), formación independentista surgida desde la antigua Convergència y que tienen anunciada su disolución tras no obtener representación ni en el Parlament ni en el Congreso.
En cuanto a Nueva Canarias, la sanción se impone por no haber remitido en plazo las cuentas anuales de los ejercicios 2020 y 2021, por falta al deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas en la fiscalización de las cuentas anuales de los ejercicios 2018 y 2019, y por la falta de un sistema de auditoría o control interno en el ejercicio 2020.
Este control interno es obligatorio, según lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Financiación de Partidos, y su incumplimiento ya motivó su exclusión del registro de partidos políticos que gestiona el Ministerio del Interior. El Tribunal de Cuentas informa de que Nueva Canarias también ha reconocido los hechos y ha pagado la sanción en el periodo voluntario. Las resoluciones adoptadas por el Pleno de la institución que preside Enriqueta Chicano son ya firmes en el ámbito contable, pero son susceptibles de recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.