Los diputados de la Vox se han rebelado contra la dirección del partido y han expulsado del grupo parlamentario a la presidenta de la formación, Patricia de las Heras, y al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne. La portavoz parlamentaria de Vox en Baleares, Idoia Ribas, ha enviado dos cartas a la dirección nacional del partido: una el 10 de enero y otra este lunes, 29 de enero. En ellas explica los motivos, incluyendo algunas capturas de wasap, que han desencadenado esta crisis y en las que se solicitan una serie de medidas, entre las que destacan el cese inmediato de los miembros del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Baleares y el nombramiento de un nuevo.
El principio de la crisis
La crisis se remonta a la tramitación de los presupuestos de la CAIB para 2024. Cabe recordar que el grupo parlamentario de Vox alcanzó un acuerdo con el del PP, que permitió incorporar todas las enmiendas presentadas por los primeros. Algunas de ellas estaban relacionadas con «actuaciones necesarias» por parte del Govern en diferentes municipios de las Islas, «gracias a que los coordinadores municipales nos transmitieron la necesidad de incluirlas en los presupuestos de la Comunidad Autónoma».
Descargue aquí la primera carta de Idoia Ribas a la dirección nacional de Vox
Ribas explica en el documento que ha remitido al secretario general de Vox, Ignacio Garriga, entre otros, que «para recoger la información, y ante la imposibilidad de contactar de forma individual con los diferentes coordinadores de las Islas, por la premura del plazo para presentar enmiendas (30 de noviembre), esta portavoz organizó tres reuniones grupales, a través de un chat de wasap titulado 'grupo de coordinación para presupuestos' en el que los participantes fueron confirmando asistencia en función de la fecha más conveniente para cada uno. A dichas reuniones se invitó a participar también a todos los diputados del grupo».
Sin embargo, cuando ya habían confirmado asistencia 23 personas, tanto la presidenta de Vox en Baleares, Patricia de las Heras, como el vicepresidente, Fulgencio Coll, enviaron mensajes en un chat de wasap con 41 miembros, entre los que figuran los coordinadores municipales, actualmente titulado 'Islas Baleares grupo de trabajo intermunicipal' desconvocando las reuniones por «no ajustarse a los cauces estatutarios».
La portavoz parlamentaria de Vox entiende que «esta actuación de la presidenta y del vicepresidente provocó que el grupo parlamentario sólo pudiese recabar información de nueve municipios, cuyos coordinadores se reunieron con nosotros a título particular, y no en calidad de coordinadores, para no desatender las indicaciones de los dirigentes del CEP. Hasta el día de hoy ni la presidenta, ni el vicepresidente, ni ningún otro miembro de la estructura organizativa del partido ha comunicado ninguna propuesta de actuación por el Gobierno de Baleares en los diferentes municipios a este grupo parlamentario».
A su modo de ver, «el elevado coste de oportunidad que se ha producido es evidente, teniendo en cuenta la posibilidad de prórroga de los actuales presupuestos para ejercicios posteriores, por parte de un gobierno autonómico dirigido en solitario por el Partido Popular». En este sentido, añade que «hemos perdido una oportunidad histórica de que Vox imponga» al Govern «actuaciones puntuales, necesarias y demandadas por los ciudadanos en todos los municipios de las Islas».
Ribas argumenta que «revisados los estatutos de Vox no encontramos ningún precepto que impida a diputados autonómicos reunirse con otros miembros de la estructura organizativa para tratar asuntos
incluidos en el ámbito competencial del Parlamento autonómico y poder llevar a cabo su labor parlamentaria del modo más eficiente posible». Por ello, «con el ánimo de que esta situación no vuelva a repetirse, en calidad de portavoz y una vez consultado al resto de diputados», realiza una serie de peticiones «acordadas por la mayoría del grupo».
Medidas solicitadas a la dirección nacional de Vox
Una de ellas consiste en comunicar a todos los coordinadores municipales de Baleares, «no solo la conveniencia, sino incluso la obligación, de poner en conocimiento de este grupo parlamentario cualquier hecho o circunstancia que pueda incidir en la labor del grupo y pueda ser beneficiosa para el proyecto de Vox en Baleares y, por consiguiente, para sus ciudadanos; ya sea a iniciativa del propio coordinador municipal, o por sugerencia de cualquiera de los integrantes del grupo parlamentario, sin perjuicio de que el responsable de coordinar la actuación política municipal pueda establecer el protocolo que considere oportuno para obtener información sobre dichas comunicaciones, en caso de que valore necesario conocer asuntos que, como es el caso, no son competencia municipal, sino del Parlamento y del gobierno autonómico».
Además, piden «modificar cualquier reglamento interno o norma estatutaria que impida que los miembros de un grupo parlamentario puedan contactar o reunirse con cualquier miembro de la estructura organizativa de Vox -en caso de que exista-, por ser manifiestamente dañino para el buen funcionamiento de nuestra organización política y de los grupos parlamentarios, al margen de otras valoraciones sobre su posible inconstitucionalidad por vulneración del artículo 21 de la CE».
Segunda carta, remitida este lunes
Lejos de solucionarse la crisis de Vox, este lunes ha ido a peor y la portavoz parlamentaria ha remitido una nueva misiva a Garriga. En concreto, le expone que «transcurridas más de dos semanas y habiéndose reunido el comité ejecutivo provincial con el secretario general para tratar de revertir esta situación, no sólo no se ha revertido sino que se ha agravado, con un nuevo episodio que ha impedido a los diputados reunirse con los concejales del partido en las Islas». En esta ocasión, el motivo ha sido «la tramitación de la Ley del taxi, que necesariamente afectará a competencias municipales y emplazándonos a una futura reunión exclusivamente por videoconferencia y transcurrido el plazo de tramitación de la Ley».
Descargue aquí la segunda carta de Idoia Ribas a la dirección nacional de Vox
Además, argumenta que el pasado 16 de enero, Coll mantuvo una reunión con los miembros
del Comité Ejecutivo Provincial de Baleares (CEP), «si bien lejos de corregir la actitud desleal hacia el
grupo, varios miembros del CEP nos han manifestado su intención en continuar con los agravios
e impedir el desarrollo normal de la actividad parlamentaria, en lo que consideran 'una llamada
al orden' hacia el grupo parlamentario».
Ribas añade que el pasado día 24 de enero, De las Heras realizó un «comunicado de prensa con
declaraciones contrarias a lo acordado por este grupo en materia lingüística, sin consentimiento
del grupo y perjudicando gravemente el acuerdo de gobierno en esta Comunidad Autónoma, amén de desprestigiar el trabajo realizado durante el primer período de sesiones». En este punto, recuerda que «este grupo ha llegado a un acuerdo para la implantación de la libre elección de lengua en todas las etapas educativas» y asegura que está siendo desarrollado por el Govern y «será implantado a partir del próximo mes de septiembre».
Además, reprocha que «tras el transcurso del primer período de sesiones con Gabriel Le Senne en la
presidencia de la Cámara, la mayoría de los diputados considera que no es el perfil adecuado
para continuar ejerciendo dichas funciones. Ha demostrado una absoluta desconexión y descoordinación con el grupo parlamentario y ha provocado episodios que han entorpecido las negociaciones con el gobierno de Baleares».
Por ello, este lunes el grupo parlamentario de Vox le ha pedido a Le Senne su dimisión como presidente del Parlament «con el fin de seguir integrado en el grupo, si bien nos ha manifestado su negativa a dimitir». Posteriormente, han celebrado una reunión, a la que han sido convocados los 7 diputados de Vox, a la que han asistido 5 de ellos y han acordado por unanimidad la expulsión del grupo de De las Heras Fernández y Le Senne.
Ante esta situación, Ribas ha pedido a la dirección nacional de Vox el cese inmediato de los miembros del Comité Ejecutivo Provincial de Baleares y el nombramiento de un nuevo Comité Ejecutivo Provincial «con voluntad integradora y de seguir trabajando por el proyecto que nos une a todos, en aras del interés general de los ciudadanos de Baleares». Sin embargo, en Madrid han decidido expulsar a los cinco diputados críticos.