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POLÉMICA

La investigación penal por las multas de CI Postal avanza para dos trabajadores

Acusaciones y defensas buscan un acuerdo tras la confesión de los empleados

La investigación se ha centrado a envíos cuyas firmas fueron manipuladas para que constaran como entregadas. | Teresa Ayuga -

| Palma |

La investigación judicial por la manipulación de notificaciones de multas del Ajuntament de Palma está a punto de finalizar. En la causa permanecen imputados solo dos trabajadores de la empresa CI Postal, después de que la magistrada decidiera archivar hace unos meses las diligencias para otros dos empleados y el gerente de la empresa. Desde entonces, se han culminado casi todas las diligencias y la causa está a la espera de calificación con negociaciones entre los afectados, la empresa que está personada como acusación particular y como responsable civil y las defensas de los dos acusados.

La investigación penal se ha centrado en una serie de sanciones notificadas en las que se habían manipulado las firmas para que constaran como entregadas. De este procedimiento quedaron fuera las decenas de notificaciones que aparecieron tiradas en torrentes de Palma por falta de autor conocido.

Así, forman parte de la causa al menos una veintena de notificaciones cuyos plazos se incumplieron y que dieron lugar a que se cerraran procedimientos sancionadores. En paralelo a la causa penal, en la vía administrativa, Cort decidió resolver el contrato y incautar la fianza prestada por la empresa, de 132.500 euros para posibles responsabilidades. Además, se impusieron sanciones a CI Postal por los expedientes frustrados aunque la resolución formal del contrato se justificó por el incumplimiento de los plazos de entrega: la empresa se comprometió en el contrato a hacer en tres días la primera notificación y, en la práctica se superaban los diez e incluso los 25 días.

Los dos trabajadores imputados han reconocido que manipularon las entregas y los han achacado a la elevada carga de trabajo que tenían en la empresa que provocaba que fueran incapaces de cumplir con las entregas a tiempo. La magistrada prevé que cada uno de los trabajadores sea juzgado por separado al entender que no hay conexión entre la actuación de cada uno de ellos. Mientras tanto, los casos de sanciones que llegan a la vía ejecutiva sin haber sido notificadas se siguen produciendo y las quejas se reproducen.

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