El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este martes el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Obra Cultura Balear (OCB), y que han firmado hasta 50 diputados de los grupos parlamentarios PSOE y Sumar, contra el decreto del Govern balear que elimina el requisito de catalán en la sanidad pública.
El Constitucional ha confirmado este martes que estudiará el decreto y ha precisado que el recurso en cuestión se dirige contra la disposición final segunda y disposición derogatoria única del Decreto-Ley del Gobierno de las Illes Balears 5/2023, de 28 de agosto, de medidas urgentes en el ámbito educativo y en el sanitario. Los diputados recurrentes alegaron que el texto vulnera los artículos 86 de la Constitución y del 49 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears (EAIB), por falta de presupuesto habilitante y afectación de un derecho estatutario. Asimismo, PSOE y Sumar adujeron que podría suponer una vulneración del régimen de cooficialidad lingüística y del derecho de los ciudadanos a emplear la lengua catalana en sus relaciones con la Administración sanitaria.
Desde la OCB, Antoni Llabrés, miembro de la junta directiva, ha manifestado a través de un comunicado que han superado este primer paso, «que era este primer filtro de admisión a trámite. Ahora tenemos que esperar que todo siga su curso. Estamos esperanzados y esperamos que el TC acabe dándonos la razón».
La supresión del requisito de catalán en el acceso a la sanidad pública era uno de los puntos del acuerdo de gobernabilidad alcanzado entre PP y Vox en Baleares. Iba incluida dentro de un plan de medidas urgentes para captar y fidelizar profesionales sanitarios en la Comunidad, y fue una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno entrante.
Llabrés también ha recordado que Salut «no dispone de ningún estudio, ningún dato, ninguna prueba, que vincule la exigencia de conocimientos de catalán con la dificultad de captar profesionales para determinadas categorías deficitarias, y que, en todo caso, para estos casos la ley ya preveía la posibilidad de excepción y aplicación de una moratoria».