La Fiscalía espera que el Govern concrete qué posibles delitos aprecia en la operación de compra de 88 viviendas de Metrovacesa que intentó el anterior ejecutivo autonómico. La consellera de Vivienda, Marta Vidal, y el vicepresident y conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, anunciaron el pasado mes de julio que se renunciaba a la operación y que, al sospechar que existían irregularidades, enviaban el expediente al Ministerio Público.
Al recibir la documentación, la Fiscalía abrió unas diligencias informativas pero, ante la falta de una denuncia que pudiera ser tomada como tal, remitió un escrito a la Conselleria para que aclarara qué pretendía poner de manifiesto y qué hechos en concreto consideraba que podrían constituir un ilícito penal. Desde entonces, han pasado varios meses sin que se haya producido ningún tipo de respuesta por parte de la administración pública.
El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal prevé que el fiscal puede recibir denuncias en las que se le ponga de manifiesto cualquier hecho que sea un posible delito y, si es posible, los posibles autores del mismo. Sin embargo, la documentación enviada por el Govern sobre los pisos de Metrovacesa no contenía nada similar: era el expediente que se había tramitado en la Consellería sin aditamentos, lo que implicaría una tarea de auditoría o de supervisión de resoluciones administrativas que le correspondería a la propia administración. De hecho, en el envío del documento al Ministerio Público ni siquiera intervino la Abogacía de la Comunitat, como ha hecho de forma habitual en las denuncias formalizadas por el Govern que sí han tenido luego recorrido.
La consellera Vidal asumió la decisión del envío a la Fiscalía del expediente. En una entrevista con este diario manifestaba: «No me corresponde a mí hacer denuncias ni valoraciones, pero actué así porque, a la vista del expediente, consideré que era mi obligación legal dar traslado a la Fiscalía».
Las 88 viviendas de Metrovacesa en Nou Llevant iban a ser vendidas a un fondo. El anterior ejecutivo autonómico decidió ejercer un derecho de retracto y adquirir el inmueble para destinarlo a alquiler social para jóvenes. La operación debía de cerrarse el pasado mes de julio con el ejecutivo en funciones y fue paralizada de forma cautelar por un juzgado de lo Contencioso Administrativo tras un recurso interpuesto por la propia empresa constructora.
Los actuales responsables políticos de la Conselleria anunciaron su renuncia a la operación y la existencia de informes que cifraban en un cuarenta por ciento el sobrescoste que suponía la operación y hablaba de un gasto adicional de 5,6 millones. La oposición, por su parte, ha acusado en varias ocasiones a Vidal de haber tenido vínculos profesionales cuando ejercía como abogada con el fondo de inversión interesado en la compra de las viviendas.