Baleares se suma al País Vasco y es la segunda comunidad que anuncia que llevará a los tribunales la decisión del Ministerio de Sanidad de obligar a los ciudadanos a ponerse la mascarilla en los centros sanitarios. La medida, que ya está en vigor, «no se basa en ningún criterio técnico», advierte la consellera de Salut. Manuela García ha explicado que se ha solicitado a la Abogacía de la Comunidad que interponga un recurso contencioso solicitando, de forma cautelar, la suspensión de esta medida de prevención obligatoria que, a su juicio, «en Baleares no está justificada».
«Cuando tomas medidas epidemiológicas hay que basarlas en una serie de criterios. Llevar mascarilla es importante y recomendado pero para obligarlo hay que dar motivos», añade García. Aunque los datos están a punto de actualizarse, la medida se toma con la última cifra de circulación de virus disponible que data de la última semana de 2023, cuando había 270 casos de infección respiratoria aguda por 100.000 habitantes.
Manuela García ha criticado de forma reiterada la evolución de los acontecimientos desde que el pasado lunes se reuniera de forma extraordinaria la Comisión Interterritorial, «sin convocar previamente ni a la comisión de alertas ni a la de salud pública» para que evalúen los criterios e implantar un protocolo de medidas a tomar. Tras la instrucción del Gobierno, ha lamentado una intromisión competencia, si bien la obligatoriedad de la mascarilla en los centros sanitarios tiene el apoyo de la mayoría de las sociedades científicas médicas y asociaciones y sindicatos sanitarios.