La proposición de ley que reforma la ley de transportes para regular el sector del taxi ante la irrupción de las plataformas de vehículos con conductor (VTC), tipo Uber –la única que opera en Baleares– incluirá la suspensión de nuevas licencias durante un plazo mínimo de seis meses, tiempo que necesita la Conselleria de Mobilitat para completar una radiografía del sector y preparara una ordenación definitiva ante la inminencia de la liberalización total y de una sentencia judicial que podría suponer la concesión de hasta 10.000 licencias (según datos del sector) si no se aprueba una normativa.
Esa es la razón que llevó al PSIB a presentar, desde la oposición y después de pactarla con las asociaciones del taxi, una proposición de ley que fue tomada en consideración por todos los grupos de la Cámara el 12 de diciembre del año pasado y que se aprobará de manera definitiva en el pleno del 6 de febrero con aportaciones de todos los grupos. Una es la aplicación de esta suspensión de licencias. Tanto PP y Vox (que han presentado enmiendas conjuntas) como el PSIB han planteado esta moratoria. Según el diputado del PP que lleva este asunto en su grupo, José Luis Mateo, esta suspensión de licencias también incluye las que ya están solicitadas.
El PP también acepta algo a lo que, en principio, se mostraba reacio: a mantener los 30 minutos de antelación para contratar un servicio de VTC. Estos coches, a diferencia de los taxis, no pueden recoger en la calle si antes no han sido solicitados a través de su aplicación. Tampoco disponen de paradas fijas en las calles como los taxis de concesión administrativa.
Lo que apoye el sector
Cuando el PSIB presentó su iniciativa, la Conselleria de Mobilitat, ya había abierto una negociación pero las asociaciones y patronales del taxi mostraron su preocupación por el ritmo de los tiempos que marcaba. Y, sobre todo, temían la «invasión» de las VTC, sobre todo después de haber estado en el centro del huracán por la falta de servicios durante el verano. Eso se notó especialmente en el verano de 2022.
La nueva ley mantiene restricciones para las VTC, que precisarán doble licencia, sólo podrán operar en una Isla y tendrán que cumplir con unos requisitos. La ley, que establece áreas de actuación compartida para taxis de diferentes municipios (los consells lo establecerán), recoge, a través de las enmiendas del PP (el PSIB aceptará las que apoye el sector del taxi) propuestas en las que ya estaba trabajando. Entre ellas, otra reclamación del sector: una emisora compartida o aplicación común para solicitar servicios. En Baleares circulan algo más de 2.500 taxis.