Los consells de las islas, todos ellos presididos por el PP y con gobiernos elegidos con el apoyo de Vox, apoyan la propuesta de regulación del sector del taxi que aprobará el Parlament, previsiblemente en el primer pleno del nuevo periodo de sesiones y que parte de una proposición de ley del PSIB. Así se puso de manifiesto en una reunión de la Comisión General de Consells en la que portavoces de todos los partidos consideraron acertada la iniciativa.
Esta proposición de ley fue tomada en consideración en el pleno del Parlament del 12 de diciembre del año pasado. Se está tramitando por el procedimiento de urgencia y el jueves vence el plazo para ordenar las enmiendas.
En líneas generales, lo que fija son más controles para las compañías tipo Uber, exige la doble licencia para operar en zona urbana e interurbana, abre la puerta a que las Islas sean declaradas zonas únicas para que los taxis puedan operar y se mantiene que los servicios de los coches VTC (vehículos de transporte con conductor de empresas privadas o que operen a través de plataformas) tengan que ser solicitados media hora antes del servicio. La propuesta tiene el apoyo de las asociaciones del taxi y recoge sus peticiones. En Baleares operan unos 2.500 taxis de concesión administrativa, de los que 1.246 corresponden a Palma.
El presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, remarcó que en Menorca existe «una realidad diferente» y que, por ejemplo, «impedir que puedan operar en Menorca las licencias compradas en otras islas será perjudicial». También se refirió a que la presencia de Uber en esa isla es minoritaria. Desde todos los consells se incidió en que cada isla tiene sus peculiaridades y que los de Menorca y Eivissa tienen competencias en ordenación del transporte terrestre, algo que, sin embargo, no ocurre en el de Mallorca.
La anterior presidenta, del Consell de Mallorca, Catalina Cladera (PSIB), dijo: «Es la única isla que no la tiene transferida y ya sería hora de que se hicieran avances en este sentido, aunque no será en esta legislatura, porque el señor Galmés y la señora Prohens no tienen ningún interés. La izquierda gobernó ocho años ambas instituciones.
Núria Riera (PP) dijo que Galmés está tomando medidas dentro de sus competencias y afirmó que pese al «oportunismo» del PSIB apoyaba la medida.