La diputada del PSIB Mercedes Garrido ha denunciado este martes el "pelotazo" que supondrá la aprobación del decreto de emergencia habitacional y ha anunciado que su partido presentará enmiendas para que se modifique el texto. Garrido afirma que una parte de las enmiendas de su grupo van dirigidas a la supresión de "dos grandes pelotazos" de la ley, en referencia a que las zonas reservadas para equipamientos privados puedan cambiar su uso a residencial, incluidas viviendas vacacionales, y que el decreto fije la legalización de viviendas fuera de ordenación.
El decreto establece la posibilidad de legalizar que estas viviendas ilegales ubicadas en suelo urbano incluso incluso aunque tengan una sentencia judicial. "Estos edificios tienen que ir desapareciendo y aquí se les permite un pelotazo que además no ayuda a crear más vivienda a precio asequible", ha dicho Garrido. La diputada ha señalado que no tienen datos de a cuántas viviendas puede afectar, pero ha precisado que son muchas más de las que hay en suelo rústico.
Los socialistas han presentado además enmiendas para que el decreto de emergencia habitacional haga suyas las disposiciones de la ley estatal de vivienda y, en el plazo de seis meses, declare como zonas tensionadas los municipios de Palma, Calvià, Llucmajor, Marratxí, Eivissa, Sant Antoni Maó y Ciutadella. Ello posibilitaría, entre otras medidas, poder fijar unos topes a los incrementos de los alquileres, entre otras medidas que recoge la norma, algo con lo que el Govern no está a favor.
Los socialistas incluyen, además, una disposición para que el Govern quede obligado a destinar el 1 % de su presupuesto a la compra de suelo para vivienda y defienden que la reconversión de locales en viviendas solo se pueda hacer cuando el local lleve al menos cuatro años cerrado o sin actividad. "Así evitaremos que aumenten los precios de alquiler de muchos locales comerciales, que es lo que está pasando en estos momentos", ha dicho.
Las enmiendas del PSIB piden que el tamaño de las viviendas sea de 50 metros útiles, no de 60 metros, como fija el decreto, ya que esa medida hace que el tamaño real y útil de los pisos sea de 40 metros, algo que no puede considerarse una vivienda definitiva, según Garrido. También proponen que los grandes pisos que se dividan tengan como mínimo 90 metros cuadrados cada uno de ellos. Por lo que respecta al aumento de alturas de los edificios, el PSIB pide que solo se permita en Palma y Eivissa.