Patronales y sindicatos de Baleares coinciden en su rechazo al sistema de autobajas de tres días lanzado por el Gobierno para tratar de paliar la saturación de los centros de salud en plena epidemia gripal. «No vemos la premura, ni la urgencia, ni el sentido a esta medida», señala Eva Cerdeiriña, secretaria de Políticas Públicas y Salud Laboral de CCOO en las Islas. «Las bajas no se cogen, se prescriben», afirma para añadir que los trabajadores «necesitan garantías médicas, no que se les cargue con la responsabilidad del autodiagnóstico».
En ese sentido, la portavoz sindicalista tilda de «absolutamente injustificada» la medida si finalmente se acaba llevando a cabo, ya que, entiende, las circunstancias actuales están completamente alejadas del contexto de 2022, en el que se implementó este sistema a caballo de los brotes de la sexta ola de COVID. «No tiene nada que ver, ni en el cómo, ni el cuándo ni en el qué». Por último, Cerdeiriña se queja de que no se trate de una medida no consensuada con agentes económicos y sociales (otra diferencia con respecto a dos años atrás).
Desde la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM), su presidente Jordi Mora, calificaba en este diario la propuesta de «globo sonda muy peligroso». Un mecanismo muy nocivo, a su entender, ya que, en primer lugar, dificulta la planificación empresarial al facilitar la tramitación de la baja y dejarla enteramente en manos del empleado. En segundo lugar, considera que es terreno abonado para la picaresca, un hecho constatado con la experiencia de 2022. «Hay mucha gente que se aprovechaba de este sistema, se daba de baja y luego lo veían ese día en un festival de reguetón», señala para añadir que «el sistema siempre será más riguroso y tendrá mayor validez y fiablidad con la intervención de los médicos».
Por otro lado, Mora hace hincapié en que, si bien por norma general esos tres primeros días de baja deberían ser cubiertos económicamente por el trabajador, en el caso de Baleares hay una gran masa laboral regida por convenios más ventajosos para la clase trabajadora en este apartado concreto, como el de hostelería o el de comercio, que cargan los gastos a las empresas.
Desde UGT, el secretario general en Baleares, Lorenzo Navarro, se alinea con las quejas a nivel estatal al criticar el hecho de que el Gobierno haya anunciado la media antes de la consulta pertinente a los agentes sociales. «El Gobierno no nos ha transmitido nada en relación con este tema, y, por lo tanto, no sabemos de qué manera se va a proceder para llevarlo a cabo». En cualquier caso, Navarro expresa dudas razonables sobre su viabilidad.
Por último, la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) se expresa en similares términos al señalar que «ahora que el absentismo está al alza no parece que aprobar esta medida sea lo más acertado», criticando además que «se está cargando el coste de esta supuesta solución sobre los empresarios». Asimismo, se alinean con CEOE y CEPYME y lamentan tener que enterarse por los medios de estas medidas, de las cuales señalan que «desconocemos cuál es su verdadero alcance» y que «se aplicaron durante la pandemia en una situación excepcional cuando tenían todo el sentido».