Corría 2020, con la llegada de la COVID, cuando en Balears se habló por primera vez de la necesidad de crear una Agencia propia de Salut Pública. No sería hasta los presupuestos de 2023, tres años después, cuando la idea empezó a materializarse. Sin embargo decía hace poco su actual responsable, la directora general de Salut Pública, Elena Esteban, que a día de hoy las Islas no están preparadas para afrontar una nueva pandemia pese a la certeza de que, en algún momento, volverá a suceder. Y es que la muy mencionada y poco desarrollada Agència de Salut Pública, cuya principal misión es vigilar y controlar las amenazas sanitarias, cuenta con una consejo rector desde el pasado mes de abril que no ha tenido tiempo ni de nombrar a un director ejecutivo.
Es más, «creemos que los estatutos necesitan una revisión porque está asumiendo todas las competencias de la dirección general», reconocía Esteban. Todavía no ha echado a andar y ya se rediseñan su función. Los tumbos que se está dando con este necesario organismo hace pensar que poco se va a avanzar al respecto. Los especialistas de salud pública defienden con ahínco su importancia pero, una vez superada la pandemia y la popularidad de los focos, poco se les está escuchando.
Su modelo pasa por tener una gran estructura con profesionales de todos los niveles formados en salud pública y en rastreo para activarla cuando sea necesario, tal y como funcionan los CDC estadounidenses.
Esta agencia debe ser capaz de responder de forma adecuada y ágil a las necesidades de salud de la población en coordinación con el resto de agentes sanitarios y sociales, así como planificar políticas de salud pública y anticiparse a las situaciones que pueden suponer un riesgo para la salud de las personas. De todas formas, la historia de la creación de la Agència balear de Salut Pública, no ha sido un camino de rosas. Como se recordará el anterior Govern la aprobó gracias a una disposición adicional del decreto ley turístico.