Sector inmobiliario y Govern están trabajando codo con codo para tratar de desbloquear la aprobación de un decreto que regule la actividad y dote a la profesión de mayor transparencia y de un marco jurídico sólido que ahuyente el intrusismo y la oferta no reglada.
Se trata de un decreto que se esperaba tener aprobado en 2023, pero el «demoledor» informe del Consell Consultiu sobre el mismo, a finales de mayo, enfangó todo el proceso. El dictamen, de carácter preceptivo, es lo suficientemente extenso y taxativo en sus objeciones como para que el sector lo perciba como un escollo importante.
La intención ahora es que la aprobación de la modificación de la ley de vivienda propicie el escenario adecuado para rehacer el proyecto de decreto y que éste esté lo más blindado posible de cara a posibles injerencias judiciales, justificando al máximo su urgencia y el interés general.
Así lo explica José Miguel Artieda, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears, quien solicita al Govern que acelere todo lo posible el proceso. La Conselleria d'Habitatge, en compañía de las patronales inmobiliarias de Baleares, presentó en agosto de 2022 el proyecto, llamado a poner coto a toda la oferta no deseable y proteger al consumidor con registros públicos de los profesionales del sector. «Queremos marginar a todos los que no lo hagan bien», en palabras de los entonces responsables políticos.
El informe del Consell Consultiu echó por tierra las esperanzas de una pronta resolución. Principalmente, el dictamen pone trabas a la exigencia de declaraciones responsables para ejercer la actividad al considerar que se trata de «una profesión liberalizada» y para la cual «no existen requisitos legales para ejercerla».
Asimismo, advierte de que la ley de vivienda de Baleares es muy «escueta» en cuanto a esta materia, y recuerda que la falta de un marco normativo sólido ha provocado precisamente muchos problemas jurídicos en otras comunidades. Así, hace referencia expresa a «las múltiples incidencias que la regulación de esta materia ha generado en las diferentes CCAA que la han regulado -Cataluña, País Vasco, Madrid, Navarra, Extremadura y Valencia-, algunas de ellas aún pendientes de los correspondientes pronunciamientos judiciales».
El informe también ataca a los requisitos de solvencia que se pretenden imponer, arguyendo que faltan estudios económicos que los justifiquen. «Nos sorprendió: no nos esperábamos que fuera tan exhaustivo. Fue demoledor», admite Artieda.