Representantes la Xarxa Educativa per la Llengua han denunciado a las puertas del Parlament el plan piloto para la elección de lengua en las aulas que se pondrá en marcha el próximo curso con una partida de 20 milones de euros a través de una enmienda de Vox a los Presupuestos del Govern. La protesta se ha realizado precisamente mientras la Cámara debatía los presupuestos, que saldrán aprobados este jueves.
«Es muy grave que se destinen 20 millones a potenciar la segregación en las aulas por motivos ideológicos en lugar de a mejoras en las infraestructuras a aumentar las plantillas para atender a a diversidad o becas», ha asegurado Catalina Bibiloni, portavoz de la Xarxa Educativa per la Llengua. «Es una aberración dedicar este dinero a un motivo ideológico para atender a las exigencias de un partido que representa al 13 % de los ciudadanos de Baleares», ha añadido.
Bibiloni ha lamentado que el Govern de Marga Prohens quiera sacar adelante un plan «ideológico» que supondrá separar a los niños en las aulas por motivos lingüísticos. «Eso contradice la ley que prohíbe la segregración por lengua», ha añadido Bibiloni. La portavoz de la Xarxa ha mostrado el total rechazo de esta entidad a la propuesta del Ejecutivo.
Bibiloni ha anunciado que han pedido una reunión con el conseller Antoni Vera para saber qué pasará con el plan piloto y con el proyecto de libre elección y que pasará en los centros que no se acojan. Ha preciado que por ahora no saben cuántos centros se ha acogido, «pero parece que los centros concertados están dispuestos y dice que no se contradice la ley, pero nosotros pensamos lo contrario».
Por último, Bibiloni ha alertado que esta plan provocará problemas «con las familias más intolerantes» y un enfrentamiento del claustro con esas familias. Ha recordado que el claustro decide el proyecto educativo y lingüístico de los centros de acuerdo con la legislación y el decreto de mínimos. «Si estas familias presionan, la presión política que ahora está en el Parlament se traslada a los centros educativos y a los profesionales educativos. Eso es un acto de irresponsabilidad», ha añadido.