El pleno del Parlament ha aprobado este jueves los primeros presupuestos generales del Govern de Marga Prohens, que ascienden a 7.320,7 millones de euros para 2024, y que han incorporado la práctica totalidad de las enmiendas de Vox, incluidos los 20 millones de euros para libre elección de lengua. Los presupuestos han quedado aprobados, antes de final de año como marca la Ley, con el apoyo del bloque de investidura: PP, Vox, el diputado de Sa Unió de Formentera y el no adscrito Xisco Cardona.
En total, se han aprobado 135 enmiendas durante la fase de pleno, nueve de ellas este jueves a las secciones de Agricultura, Pesca y Medio Natural y Vivienda, Territorio y Movilidad. Cuatro son de MÉS per Mallorca -ayuda a la Fundación Jardí Botànic y mejoras en paradas de transporte público-, una de Unidas Podemos -VPO en Mahón-, dos de Més per Menorca -proyecto de cohabitación en Alaior y ayudas para viajes interislas para hijos de padres separados- y dos del PSIB -VPO en Mahón y proyecto de urbanización en dalt es Cos-.
Contando con la ponencia y la Comisión, en conjunto, la tramitación parlamentaria ha incorporado 146 enmiendas al proyecto. Los presupuestos han superado así su tramitación tras tensas negociaciones entre el PP y su principal socio de investidura. De hecho, el acuerdo con Vox para sacar adelante las cuentas de 2024, anunciado 'in extremis' la víspera del pleno del martes, ha centrado el debate a lo largo de estos tres días.
De hecho, debido a aquel choque entre los socios el pleno comenzó con los votos particulares mantenidos por el PP para salvar las secciones que Vox había dejado caer en comisión, un hecho insólito en la historia parlamentaria balear.
De forma unánime PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos han reprochado al Govern lo que consideran una completa «claudicación» ante sus socios, mientras que en el Ejecutivo no han dejado de insistir en que no se desvían del programa del PP ni del acuerdo original con Vox. Otro argumento recurrente del bloque de la derecha ha pasado por agitar la Ley de Amnistía y los pactos del PSOE con Bildu e independentistas catalanes.
Afirmando que Vox «sólo se arrodilla ante Dios», la portavoz, Idoia Ribas, respondía a las críticas de la izquierda, jugando con las alusiones de la diputada de Unidas Podemos por la felicitación navideña de Gabriel Le Senne. Ribas negó que el PP se haya «vendido», mientras que el portavoz 'popular' Sebastià Sagreras aplacaba las acusaciones diciendo que «la ciudadanía puede estar tranquila».
En la bancada contraria, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela destacó la ausencia de la presidenta Prohens durante el debate de los votos particulares. «No quiere explicar lo que es un cambio total de rumbo en las políticas de su Ejecutivo, y no está, me imagino, porque se avergüenza de todo lo que están dispuestos a hacer hoy», sugirió. El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, afeó al Govern que haya tenido que «venderse a un precio mucho más alto del que, con toda lógica, se tendría que haber pagado»: «Y lo dicen sus caras, porque parece un funeral en las filas del PP», enfatizó.
La oposición también ha alertado al Govern de que las enmiendas de Vox supondrán un «descuadre» presupuestario que el PSIB ha cifrado en 150 millones, y que el conseller de Hacienda, Toni Costa, desmintió. Igualmente cabe matizar que Baleares tendrá 18 millones adicionales con los que no contaba cuando elaboró los presupuestos, un dinero procedente de las entregas a cuenta y la liquidación provisional del sistema de financiación de 2022.
Libre elección de lengua
El acuerdo presupuestario, por el que los de Santiago Abascal han pasado de la abstención al voto a favor, ha implicado incorporar al proyecto la práctica totalidad de sus enmiendas. La más controvertida es la partida de 20 millones de euros para financiar la implantación de la libre elección de lengua en la enseñanza. Este asunto ha sido el principal caballo de batalla entre PP y Vox desde que éstos últimos tumbaran el techo de gasto en octubre.
El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, reprochó a la oposición que dibujara un escenario «apocalíptico» y desmintió las acusaciones de «segregación»: aseguró que lo que implicará son desdoblamientos o agrupamientos flexibles. «Vergüenza infinita» fueron en cambio, las palabras de la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon para calificar esta medida, augurando que marcará toda la legislatura. Miembros de la Xarxa Educativa per la Llengua, de la que forman parte la OCB y sindicatos como CCOO y UGT, han acudido a las votaciones de este jueves para mostrar su descontento.
Impuesto de patrimonio y subvenciones a sindicatos
Otra de las enmiendas más polémicas es la eliminación de subvenciones nominativas a las patronales CAEB y Pimem y los sindicatos UGT y CCOO, por valor total de 400.000 euros. La izquierda mantiene que esta propuesta no figuraba en el acuerdo de investidura y reprocha a Prohens que hace apenas una semana dijera que no era la postura del Govern.
Asimismo, el grupo que capitanea Idoia Ribas también ha introducido una modificación de calado en el Impuesto de Patrimonio: no tendrán que pagarlo quienes tengan menos de tres millones de euros, excluida la vivienda habitual. El umbral hasta ahora estaba en unos 700.000 euros. El Govern calcula que dejará de recaudar alrededor de 60 millones de euros, si bien el impacto se traslada al ejercicio de 2025.
Al hilo de esta enmienda el debate de la Vicepresidencia y Conselleria de Economía y Hacienda fue particularmente bronco, en especial cuando el conseller, Toni Costa, afirmó que sus reformas fiscales benefician a las clases medias y bajas. «Los pobres no tienen tres millones de euros», le lanzó el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia.
Vox vota con la izquierda para suprimir dietas y pluses
Tras el acuerdo alcanzado el lunes la única sorpresa que han dado los de Vox ha sido votar con la izquierda para suprimir dietas y pluses a altos cargos. En concreto, se desmarcaron del PP para apoyar tres enmiendas de Més per Menorca y PSIB para eliminar el complemento de residencia de 18.000 euros que el PP había recuperado para los altos cargos de fuera de Baleares. Se mantiene esta ayuda sólo para residentes de Menorca, Ibiza y Formentera que tengan que desplazarse a Mallorca para ejercer un cargo público. Otra enmienda de los menorquinistas que salió adelante pese al voto en contra del PP eliminó las dietas para los miembros del Govern que asisten a reuniones de órganos que dependen de su Conselleria. La del PSIB también suprimía pagos por kilometraje y otros gastos de desplazamiento.
Otras enmiendas de la oposición que se han aceptado crean ayudas para cubrir la escala en Palma de los beneficiarios del Imserso residentes en Menorca y Pitiusas; una enmienda socialista para fijar en 41,86 euros la tasa para la inscripción en pruebas selectivas para el acceso a cuerpos docentes; varias de MÉS per Mallorca para producción propia en IB3 y para reforzar a las entidades de reparto de alimentos ante el aumento de precios; y de Unidas Podemos para infraestructuras de ciclo del agua en Menorca, entre otras.
Diputado de Formentera
La crisis con el diputado de Formentera, Llorenç Córdoba, también ha merecido menciones en los discursos. «Ha vuelto al redil como el hijo pródigo», ha dicho este jueves Pilar Carbonero (PSIB).
El PP ha aceptado todas las enmiendas de Sa Unió, si bien ha negociado a la baja algunas cuantías. En sus intervenciones Córdoba abordó las acusaciones de «chantaje» garantizando que «el precio» de su voto ha sido únicamente el compromiso de cumplir el pacto con Sa Unió, «público y conocido». «Para su tranquilidad, y para dejarlo claro, este diputado no ha pedido ni recibirá ninguna cosa más de lo que está previsto en el reglamento de este Parlament», zanjaba.