El ‘caso Puertos' abre un tercer frente al ex presidente de la Autoritat Portuària de Balears, Joan Gual de Torrella. La magistrada encargada del caso, Martina Mora, ha levantado el secreto de otra de las piezas que forman el macrosumario, de la primera. En ella se investiga si Gual favoreció al entonces vicepresidente de la institución, Miguel Puigserver para permitirle mantener una concesión para explotar dos tiendas duty free en el puerto de Palma. La jueza considera que pueden derivarse de esos hechos delitos de tráfico de influencias y de prevaricación.
Además, la magistrada señala en un auto otra línea de investigación que se centra en las actividades de esa empresa participada por Puigserver, denominada SGM Retail S. L. Esta mercantil habría cometido un delito fiscal al vender como mercancía libre de impuestos, en especial el IVA, productos que, señala el auto, en su mayoría no se comercializaban en las tiendas objeto de la concesión.
El auto pone el foco en las decisiones tomadas por Gual en mayo de 2020. En aquel momento había caducado la concesión para los ‘duty free' que explotaba SGM y la APB había iniciado los trámites para un nuevo concurso. Así, se describe que Pugserver, «prevalíendose doblemente de su condición de vicepresidente de la Autoritat y amigo personal» influyó en Gual para que este prorrogara durante seis meses la concesión y le diera una autorización temporal de ocupación. Esa resolución, según la magistrada era necesaria para que SGM mantuviera sus beneficios económicos y conservara sus permisos, «a pesar de carecer totalmente de actividad en las tiendas y en el puerto».
La resolución considera esa prórroga innecesaria, dado que se produjo en medio del Estado de Alarma decretado por la pandemia cuando no había ningún tipo de tráfico en el Puerto. «No había cruceros ni se esperaban, no había actividad alguna en las tiendas y tampoco esa prórroga iba a generar ingresos a la APB». Añade que la finalidad de la prórroga era conservar un certificado que permitía a SGM adquirir bienes «a su mayor proveedor» y que, en su mayoría se vendían en otros lugares.
La propiedad de SGM se reparte al 50 por ciento por una empresa radicada en Malta, Salvo Grima Group Limited y por otra española, Mediterránea 2000 de Limpiezas y Servicios. De esta última, Puigserver tiene un 17 por ciento de las acciones. La magistrada ha imputado a todos los administradores de esa mercantil por el posible delito fiscal.
La pieza se basa en buena medida en un informe de la Agencia Tributaria sobre las ventas de SGM. Entre los datos que llaman la atención a la magistrada está el hecho de que, desde el año 2015 no atracara en Palma ningún crucero extracomunitario, que serían los únicos con derecho a aprovechar las exenciones de impuestos del duty free. Además, se acusa a la empresa de no declarar el IVA en otras operaciones de avituallamiento a buques, más relevantes en los ejercicios 2014 y 2015.
También concluye que carecía de autorización para depósito aduanero y de otro permismo que sería el único que permite hacer ventas sin impuestos declarados.Así, la magistrada concluye que existen indicios de fraude en el IVA al menos en el ejercicio de 2015 y que se manejaba una contabilidad en ‘b' que podría superar los 480.000 euros.
Así, concluye que existen «indicios sólidos» de un delito contra la Hacienda Pública «sin perjuicio de otros que puedan resultar acreditados cuando se acceda a la contabilidad real», para lo que esta semana se llevó a cabo un registro en las oficinas de la empresa en Porto Pí.