La Oficina de Garantía de Libertad Lingüística de Vox no solo controlará que se pueda ejercer la libertad de lengua en el Govern y sus empresas públicas, sino que su competencia de vigilancia y control se extenderán, además, a los consells insulares, a los entes locales y a otros organismos estatutarios, incluidos los consorcios y las mancomunidades. La Oficina vigilará, por tanto, que todas las administraciones de la Comunitat respeten el principio de la libertad de lengua en sus comunicaciones con los ciudadanos, también los ayuntamientos.
El proyecto de presupuestos del Govern para el año que viene ya incluye una memoria justificativa de esta Oficina, en la que argumenta que este nuevo organismo «responde a razones de interés general» y se basa en una «identificación clara» del objetivo que se persigue: garantizar los derechos lingüísticos y la garantía de «libertad lingüística» de los ciudadanos «hablen la lengua que hablen».
¿Pondrá multas?
Vox quiere que esta Oficina tenga capacidad para imponer multas a quien vulnere esta libertad lingüística, lo que podría afectar a los ayuntamientos gobernados por otras mayorías que no sean PP y Vox. Sin embargo, en la memoria no aparece por ahora esta posibilidad e incluso aparece una especie de cláusula de salvaguarda en la que se señala que debe respetarse «el principio de autonomía» de estas instituciones.
Otro elemento puede condicionar la actividad de la Oficina, porque en la memoria se especifica de forma clara que este nuevo organismo podrá cumplir las funciones que tenga asignadas «sin perjuicio de las encomendadas a otros órganos» a los que complementará «en diferentes estadios operativos». Entre estos órganos complementarios, menciona a la UIB, la máxima autoridad lingüística de las Islas, al síndic de Greuges y a las figuras equivalentes municipales que tengan los ayuntamientos. También precisa que no podrá adoptar decisiones que entren en colisión con la autoridad judicial y el ministerio fiscal.
Presunción de inocencia
En esta materia, señala que la Oficina «debe respetar» los derechos y las garantías de los ciudadanos, la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad. En la memoria justificativa se menciona la cooficialidad de las dos lengua recogidas en el Estatut d'Autonomia y menciona una sentencia del Tribunal Constitucional que habla de la necesaria convivencia de las lenguas oficiales donde haya más de una.
«Esta oficialidad formal no siempre se corresponde con la realidad», dice. «Muy a menudo, los ciudadanos de Balears, al margen de cuál sea la lengua de origen, ven reducidas las posibilidades de emplear alguna de las lenguas, tanto en el ámbito público como en el privado y no tienen la oportunidad de elegir hacer cualquier actividad social en una de las lenguas», añade. Este es el argumento que se emplea para defender la creación de la Oficina «que garantice el derecho de usar las lenguas oficiales, el catalán y el castellano, por todas partes».
El apunte
Garantía de "independencia y autonomía"
La Oficina de Garantías de la Libertad Lingüística dependerá del Parlament, no del Govern y el nombramiento de su director corresponde a Vox, que aún no ha cerrado un candidato definitivo. La memoria presupuestaria que justifica su creación afirma que esta adscripción al Parlament y no al Govern «la legitima y garantiza su independencia y autonomía para cumplir con ecuanimidad y eficacia la funciones encomendadas».
También la Oficina Anticorrupción dependía del Parlament. El organismo, creado a propuesta de Podemos, quedará disuelto el año que viene hasta el punto de que solo se le ha asignado un presupuesto de 50.000 euros.
Las claves
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Un presupuesto de 750.000 euros para todo el año
La Oficina de Vox parte con un presupuesto de 750.000 euros para el año que viene, pero por el momento no se ha detallado si ese será el presupuesto definitivo para todos los años o es una partida inicial que se ampliará con los años.
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El director, que lo elegirá Vox, deberá ponerla en marcha
La Oficina nace sin infraestructura ninguna y deberá partir de cero, algo que ya supuso un problemas en la formación de la Anticorrupción. Su director, Jaime Far, se encontró con enormes problemas operativos para arrancar.
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Una condición para apoyar a Prohens como presidenta
La creación de este organismo fue una de las condiciones que puso Vox para apoyar la investidura de Marga Prohens y quedar fuera del Govern. También exigió la creación de una comisión de seguimiento del pacto.