El Consell de Mallorca reforzará los mecanismos de las ayudas públicas que gestiona para asegurar que no se destinen a actividades que supongan una vulneración de la ley, como delitos de odio o de enaltecimiento del terrorismo. El objetivo es evitar que se financie a artistas como Josep Miquel Arenas, Valtònyc, que tras su reciente regreso en la Isla al prescribir sus delitos han motivo que Vox presentara esta medida en el pleno de este jueves.
En caso de que se incumpla esta medida, el responsable del concierto o el espectáculo tendrá que devolver la subvención recibida y hacerse responsable, según la moción que el pleno ha aprobado con los votos a favor de Vox y PP, la abstención del PSIB y el PI y el rechazo de Més.
La propuesta inicial que ha hecho el partido de extrema derecha fue descartada por el PP, su socio en el gobierno insular, por ser insegura a nivel jurídico al estar directamente enfocada en vetar al músico mallorquín. Sin embargo, la portavoz ‘popular', Núria Riera, ha hecho una nueva propuesta que ha sido bien recibida por el representante de Vox en el Consell, Antonio Gili, que ha afirmado que la expolítica Maria Antònia Munar, condenada por corrupción, «tiene más dignidad» que el músico por haber huido de la justicia. Riera, además, ha señalado que están en contra de los artistas «que usan la cultura para justificar actuaciones fuera de la legalidad».
En un principio, el PSIB y Més dejaron claro que votarían en contra del redactado inicial al defender la libertad de expresión, aunque los socialistas censuraron las letra de las canciones de Valtònyc. Sin embargo, cuando el PP ha expuesto el nuevo texto, la portavoz del PSIB, Catalina Cladera, ha dicho que se abstendrían porque están «a favor de la legalidad y la justicia», pero en contra de la exposición de motivos que había hecho Vox.
Pendiente de un juicio
Valtònyc será juzgado en noviembre en Sevilla por animar a su público a matar guardias civiles durante un concierto celebrado en 2018. La vista oral se celebrará el 21 de noviembre y la Fiscalía pide para él cuatro años de cárcel y una multa de 3.600 euros por el presunto delito de provocación, y tres años si se estima el de amenazas agravadas.
«Estos seis años de lucha por la libertad de expresión han valido la pena», afirmó Valtònyc a su llegada al aeropuerto de Son Sant Joan y dijo que su estancia en Bruselas ha sido muy duro pero que «me ha hecho crecer como persona y profesionalmente». «El pasado es una cosas para aprender, no para arrepentirse. Seguramente he cometido muchos errores pero a día de hoy tengo los amigos que tengo, mi familia me aprecia y me mira con orgullo», aseguró.