MÉS per Mallorca ha anunciado que, si el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, trata de llevar a cabo el plan lingüístico, acordado entre el PP y Vox la semana pasada, sin modificar el Decreto de Mínimos, lo «impugnará» en los juzgados. De esta manera, el portavoz de los ecosoberanistas en el Parlament, Lluís Apesteguia, pretende que el conseller «pase la vergüenza» de tener que «derogar el Decreto de Mínimos y aprobar un Decreto de Segregación», ya que, a su entender, las medidas que pretende desarrollar el acuerdo «contradicen» esta normativa.
Concretamente, Apesteguia ha citado los artículos 17.c y 18.a como los puntos en los que entra en conflicto, ya que el acuerdo entre PP y Vox contempla que se impartan asignaturas de carácter científico y social en la lengua que elijan los padres. El representante de MÉS ha mostrado su apoyo a la comunidad educativa por su negativa del pasado viernes a reunirse con la presidenta del Govern, Marga Prohens, porque entendían que ya había habido un acuerdo entre PP y Vox.
«Prohens había propuesto diálogo a la comunidad educativa pero se entiende que diálogo no es una rendición de cuentas o explicar un papel, la comunidad educativa pidió conocer el acuerdo para poder dialogar y no simplemente ir a escuchar, que era lo que pretendía el Govern», ha criticado. En ese sentido, ha mostrado la «preocupación» de su formación dado que «siguen sin conocer el acuerdo alcanzado» para implantar estas medidas y que «no haya ninguna concreción» sobre el mismo.
Del mismo modo, ha criticado que fuera el conseller quien diera explicaciones de un acuerdo entre los grupos parlametarios, algo que ha calificado de «olvido de la separación de poderes». «En el Consolat de Mar no se explican los acuerdos entre PP y Vox, esto ya lo explicarán los partidos si quieren», ha matizado. Apesteguia también ha señalado que, «por mucho filibusterismo político que practique el PP», lo que contiene el acuerdo es «separar a los alumnos por cuestiones lingüísticas», algo que, desde su punto de vista, supone «romper un modelo de convivencia» y es practicar «un apartheid lingüístico en Baleares».
«Lo que tampoco se permitirá es que se traspase a los centros educativos la presión política que no ha querido asumir el Govern por 5, 10 o 15 familias, fomentadas de la plataforma de Profesores Libres de Ingeniería Social (PLIS); que llevan el conflicto educativo a los centros», ha alegado. Asimismo, ha defendido que la realidad en Baleares es que «hay alumnos que acaban la enseñanza obligatoria sin ser competentes en lengua catalana», por lo que, a su juicio, esta es la lengua que «hay que reforzar».
«No existe la libertad, ni el derecho de los padres a la ignorancia de sus hijos y el Govern tiene la obligación de garantizar los conocimientos óptimos de todos los alumnos y no puede ser motivo de elección de nadie», ha señalado. Sobre la posible condonación de la deuda, anunciada en el pacto entre ERC y el PSOE para la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, Apesteguia ha incidido en que le ha «sorprendido» la actitud de rechazo del Govern, puesto que además «contradice un acuerdo adoptado en el pleno la semana pasada». En ese sentido, ha considerado que es una condonación «insuficiente» pero «celebra» la propuesta, ya que es «un acto de justicia».