El Consell de Mallorca validó la instalación de 62 parques fotovoltaicos en suelo rústico entre 2019 y septiembre de este año, lo que equivale a que se haya ocupado una extensión de unas 715 hectáreas, según explican fuentes del Departament de Territori, Mobilitat i Infraestructures.
La mayoría se concentran en Palma, donde se tramitaron 14 proyectos, seguido por Llucmajor, con ocho, e Inca, con cinco. En Manacor, Marratxí y Petra, fueron tres, mientras que en los 18 municipios restantes donde la institución insular habilitó nuevos parques fotovoltaicos solo se ratificaron entre dos y tres.
El nuevo gobierno de PP y Vox critica que el PSIB evite apoyar las nuevas solicitudes que continúan llegando a la Comissió d'Urbanisme del Consell, argumentando que antes se debe de aprobar la modificación del Pla Territorial Insular (PTI) que dejaron lista la pasada legislatura, con el fin de establecer zonas de interés prioritario donde permitir construir estos parques.
La fuentes de Territori consultadas consideran contradictoria esta posición, puesto que durante la pasada legislatura se tramitaron 62 instalaciones sin tener una norma insular aprobada. La «ola renovable», además, se dio con motivo del impulso de la Llei de Canvi Climàtic de Balears.
Asimismo, las fuentes consultadas señalan que la capacidad regulatoria del Consell será muy limitada cuando se apruebe la modificación porque solamente será operativa para los proyectos de ocho o menos hectáreas. De hecho, el 90 % de los que ha ido recibiendo la institución insular han superado esta extensión, por lo que tienen que ser autorizados por el Govern. El Consell solamente puede emitir un informe vinculante para los proyectos de más de 20 hectáreas, aunque la última palabra siempre la tiene el ejecutivo autonómico. En los proyectos que ocupan entre ocho y 20 hectáreas, la institución insular únicamente puede hacer sugerencias.
Pese a todo, desde el Departament de Territori defienden la instalación de energías renovables y aseguran que aprobarán la modificación del PTI iniciada por los socialistas, aunque harán cambios al borrador porque entienden que no se consensó correctamente con la Conselleria d'Agricultura dónde establecer la zonificación.