La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha presentado este miércoles los ejes de las políticas públicas de vivienda para la presente legislatura, marcando como prioridad las ayudas al pago del alquiler o el aumento de la vivienda protegida destinada al alquiler, además del despliegue del decreto de emergencia habitacional o la ejecución de programas de rehabilitación energética con fondos europeos. Así lo ha destacado este miércoles en rueda de prensa la representante del departamento, Marta Vidal, y el director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reynés, tras la reunión de la Mesa de la Vivienda de Baleares.
En cuanto a los nuevos pagos de las ayudas al alquiler, se ha publicado una nueva convocatoria del año 2023, dotada con 8,77 millones de euros, dirigida a personas con escasos recursos económicos y con alquileres mensuales de hasta 900 euros en su domicilio habitual. El plazo de presentación se abrirá a partir del próximo 15 de noviembre y hasta el 15 de diciembre, y tiene como objetivo agilizar el pago de las ayudas, tanto de la nueva línea como de las ayudas pendientes de las convocatorias de los últimos años.
En este sentido, se prevé hacer nuevos pagos durante el mes de noviembre, con los cuales se completará casi totalmente el abono de la línea de ayudas de 2021, de forma que en total se habrán pagado ayudas cerca de 5.300 personas beneficiarias (10,1 millones de euros) y solo quedará una decena de expedientes pendientes de subsanar deficiencias; y se hará un cuarto pago de las ayudas de 2022, con el cual se habrán pagado 4,1 millones cerca de 1.900 personas beneficiarias y se continuará con la revisión de expedientes para próximos pagos. Preguntado por las medidas que se llevarán a cabo desde la Conselleria para la agilización de dichos pagos, el director general ha recordado que todavía se están pagando las de 2021 y que no hay más de 12 profesionales para las convocatorias de «2021, 2022, 2023» y la del bono joven. «Mucho trabajo y pocas personas», ha insistido Reynés.
Otra de las prioridades marcadas es el incremento de la vivienda de protección oficial de alquiler en las Islas a través de la puesta en marcha del nuevo programa 'Build to rent' de cesión de suelo público a la iniciativa privada para la promoción de viviendas de protección en régimen de alquiler, junto con las promociones públicas de vivienda de protección oficial por parte de la Ibavi. En el caso del nuevo programa en colaboración con el sector privado se trabaja en las prioridades de aquí a final de año en la identificación de suelos y la redacción de los pliegos tipo para llevar a cabo las primeras licitaciones por parte de las administraciones públicas en el inicio de 2024.
Por parte del Ibavi se prevé firmar más de 20 convenios con ayuntamientos y entidades para la cesión de suelo destinado a la construcción de nuevas viviendas de protección oficial, además de continuar con las promociones de vivienda de protección (21) actualmente en ejecución. También se trabaja en una revisión de los criterios técnicos del Ibavi para la construcción y acabados de las viviendas de protección, así como en el desarrollo del programa Garantía Hipoteca Ibavi para facilitar la compra de vivienda, con el que se han aprobado 159 garantías por valor de 3,6 millones.
En cuanto a la intención de la Conselleria de acelerar la ejecución de los fondos europeos Next Generation EU para financiar las ayudas de los seis programas de rehabilitación energética en las Islas, la consellera Vidal ha lamentado que de los 45 millones de euros comprometidos sólo han recibido el nueve por ciento (4,05 millones). Al respecto, el director general ha añadido que se ha producido un retraso de unos seis meses en comparación con otras comunidades autónomas. Cabe resaltar que hasta ahora hay 326 viviendas con resolución favorable de concesión de subvención y los hitos marcados son llegar a un 25 por ciento a finales de este año (985 viviendas), a un 50 por ciento a finales de 2024 (1.970 viviendas) y a un 100 por ciento a finales de 2026 (3.938 viviendas).
En el caso de los tres programas financiados con fondos europeos para la rehabilitación energética de viviendas y edificios residenciales, del total de 29,5 millones recibidos, sólo se han concedido ayudas por valor de 1,3 millones, y por este motivo la Conselleria ha lanzado recientemente una campaña publicitaria para dar a conocer estas ayudas, favorecer su adjudicación y no perder estos recursos. También el plazo para presentar solicitudes fue ampliado y estará abierto hasta el 31 de diciembre.
Igualmente, la Conselleria ha anunciado que está trabajando en otras políticas a desarrollar esta legislatura. Así, para 2024 se trabaja en la elaboración del Plan director sectorial de Vivienda para la concreción, coordinación y programación de las actuaciones sectoriales en el territorio derivadas de las políticas de vivienda; en la redacción de la futura Ley de la Vivienda de Baleares, un nuevo marco normativo que incentive la colaboración público-privada y posibilite un aumento del parque de vivienda disponible en las Islas, y en la mejora de la gestión del registro de viviendas desocupadas del archipiélago, mediante la implantación de una aplicación informática para sistematizar el registro de forma ágil y actualizada, entre otras medidas.
Asimismo, para el próximo año se prevé implantar el Observatorio de la Vivienda de Baleares como plataforma de intercambio de información, propuestas y comunicación del sector destinado a servir de apoyo a agentes públicos y privados, para planificar y analizar la realidad social y económica del sector y para disponer de datos actualizados para la toma de decisiones. Del mismo modo, se trabaja en la puesta en marcha del programa pionero Alquiler Seguro para estimular la salida al mercado de viviendas que actualmente se encuentran vacías y, así, aumentar la oferta de vivienda de alquiler disponible en las Islas, basado en la intermediación del Govern entre propietarios y destinatarios para aportar confianza y garantías a ambas partes.
Entre actuaciones previstas se han mencionado otras como el plan contra la ocupación ilegal de viviendas, protocolos de intervención rápida en coordinación con otras administraciones, restricciones de ayudas a la vivienda o de acceso al alquiler a los infractores de la ley, simplificación y cooperación administrativa en los procedimientos urbanísticos para aligerar las cargas procedimentales y establecer un nuevo marco normativo que permita armonizar el alcance de estos procedimientos para la emisión de informes de manera coordinada.