El Govern está buscando fórmulas jurídicas para hacer del actual decreto contra el turismo de excesos una herramienta que endurezca las sanciones y facilite la persecución de los principales responsables: los propios turistas incívicos. Se trata de la modificación «de más calado» de cuantas el Ejecutivo planea hacer en dicho documento, y también la que plantea más dificultades desde el punto de vista técnico.
Así lo han explicado hoy el conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, y el director general de Turisme, Josep Aloy, tras la reunión extraordinaria de la Comisión para el Fomento del Civismo en las Zonas Turísticas. En palabras del propio Bauzà, la idea es afilar la normativa para potenciar la persecución «sobre todo a las personas que infringen las leyes y las normas de convivencia».
En ese sentido, Bauzà ha señalado que la normativa actual no es lo suficientemente punitiva, o que, en su defecto, «no vemos que se actúe con la misma contundencia contra los infractores que contra las empresas» que albergan o incitan a cometer esas infracciones vulnerando el decreto de alguna manera (sean por ejemplo discotecas que denigran a la mujer o establecimientos comerciales que venden alcohol fuera del horario permitido). El objetivo es que prácticas como el balconing, por poner un ejemplo, no se queden en la expulsión del hotel, sino que sean sancionadas con dureza y que ello sirva de escarmiento y de medida disuasoria, aun con las complicaciones legales que plantea la nacionalidad extranjera de los infractores.
Ese va a ser el principal frente de batalla para los servicios jurídicos del Govern en el proceso de reforma del texto. Un cambio que va a empezar por el propio nombre, ya que -como ya se anunció- el decreto pasará a llamarse de turismo responsable. «No es un tema solo etimológico», señaló Aloy para insistir en que la expresión turismo de excesos implica una devaluación de la imagen y de la marca turística de las zonas afectadas.
Esos destinos estuvieron ayer representados en la sesión extraordinaria de la comisión por los responsables de los ayuntamientos correspondientes: Palma, Calvià, Llucmajor y Sant Antoni de Portmany. Asimismo, otra de las modificaciones clave será la eliminación de la zonificación que marca cuáles son los núcleos turísticos que aglutinan este tipo de prácticas y comportamientos incívicos. De nuevo, el objetivo es no estigmatizar.
Por otro lado, el conseller aseguró que los datos aportados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -presentes también en la comisión- reflejan una reducción de los comportamientos incívicos entre los turistas esta temporada. Un hecho que Bauzà y Aloy achacaron al incremento de los controles y de la publicitación de las sanciones a las empresas.