La hotelera mallorquina RIU se ha querellado contra altos cargos del Ministerio de Transición Ecológica por un presunto delito de prevaricación relacionado con dos establecimientos de la cadena en Canarias. Concretamente, se trata de los hoteles Riu Oliva Beach y Riu Palace Tres Islas, ubicados ambos en la isla de Fuerteventura y sobre los cuales pesan dos expedientes de demolición acelerados expresamente, entiende la propiedad, por varios responsables ministeriales contra los que se articula la querella: la directora general de la Costa y el Mar, Ana Oñoro Valenciano; la subdirectora general de Dominio Público Marítimo-Terrestre, Ainhoa Pérez Puyol; y el secretario general técnico del ministerio, Jacobo Martín Fernández.
La querella ha sido admitida a trámite por el juzgado de instrucción número 36 al entender éste que los hechos denunciados podrían ser constituyentes de un delito de prevaricación. La cadena ha comunicado que entiende que «se ha actuado de mala fe» y que se ha llevado a cabo «una persecución manifiesta y no acorde con los derechos consolidados y a las autorizaciones administrativas otorgadas».
El juzgado ha solicitado ahora el expediente de autorización de obras de reforma del Riu Oliva Beach, así como los expedientes de concesión otorgados a ambos hoteles.
En el caso del Riu Oliva Beach, la propiedad solicitó autorización para realizar unas obras de reforma en el que es uno de los establecimientos de mayor antigüedad de la zona (fue construido en los años 70). Una autorización que ha sido demorada durante todos estos años, entiende la cadena, con el objetivo de dilatar los plazos previstos por la ley y extinguir la misma posibilidad de reforma. La hotelera se queja de que la Administración lleva años bloqueando un proyecto de reforma y modernización -que además haría sus instalaciones más eficientes y sostenibles- para el que solicitó permiso en 2021. A ello se suma la incoación de expedientes para anular la concesión y proceder a demoler el hotel, situación similar a la del Palace Tres Islas, amenazado igualmente por un expediente de demolición.
Asimismo, la cadena hotelera se queja de que la paralización de la reforma del Riu Oliva Beach no viene acompañada de ninguna alternativa de trabajo para la zona. Alega que el establecimiento da empleo a 400 trabajadores del municipio de La Oliva a las que se suman otros 300 del Riu Palace Tres Islas, que también ha visto como se le amenazaba con la anulación de la concesión gubernamental y la posterior demolición de sus instalaciones.
El conflicto entre RIU y el Ministerio de Transición Ecológica se enmarca en una guerra que lleva años en marcha y que ha involucrado también al Gobierno de Canarias, del lado de la hotelera. Ésta lleva operando en Canarias desde 1985 y en la actualidad cuenta con 16 establecimientos en el Archipiélago, cuatro de ellos en la isla de Fuerteventura.