El Partido Popular trata de atemperar el ímpetu de Vox contra el catalán. Un ímpetu que amenaza con romper el consenso histórico marcado por el Estatut de Autonomia, que define el catalán como lengua propia de la Comunidad, y por la aprobación en 1986 de la Ley de Normalización Lingüística, que vela especialmente por su protección y que impulsó el PP de Gabriel Cañellas, con el respaldo de todos los grupos.
Desde ambos partidos niegan que la cuestión lingüística haya provocado una crisis ente ellos. Insisten en que cumplirán con la hoja de ruta pactada, que resumen en «equilibrar el peso de las dos lenguas oficiales», pero difieren en la velocidad de ejecución. Vox quiere implantarla cuanto antes porque el lingüístico es uno de sus temas bandera que les permite marcar perfil propio y transmitir a la opinión pública que Prohens gobierna gracias a su apoyo, a pesar de no ocupar asientos en el Consolat. En el PP prefieren «ir dando pasos» y consideran que los tempos en política son importantes.
Y en eso están los populares, que en la semana del décimo aniversario de la histórica protesta de 100.000 personas contra el TIL y a favor de la educación pública, que anticipó la caída del Govern de José Ramón Bauzá, han ofrecido gestos que intentan transmitir moderación en cuestiones de lengua.
Después de rechazar la propuesta de creación de la Oficina de Garantía de Libertad Lingüística presentada por Vox en el Parlament la pasada semana, los populares han mostrado estos días su predisposición a negociar un nuevo texto o a presentar enmiendas para «cambiarlo sustancialmente». La polémica oficina estará en manos de Vox y permitirá tramitar las reclamaciones sobre vulneración del derecho a la libertad lingüística y promover el uso de las lenguas atendiendo a las modalidades de cada isla. Contempla multas de hasta 100.000 euros a los infractores de estas normas, según el texto presentado por el partido de extrema derecha.
Además, los populares se han desmarcado este jueves del partido de Abascal en el Ayuntamiento de Palma, donde el catalán seguirá siendo un requisito para trabajar. No obstante, Cort es seguramente la institución donde el catalán está dando paso al castellano a mayor velocidad. A finales de julio se aprobó una moción de Vox por la cual se modificará el reglamento de Normalización Lingüística por primera vez des de 1987 para que la administración municipal pueda responder a los ciudadanos en castellano sin que haya un petición expresa. Y el consistorio ha recuperado el bilingüismo en sus premios literarios Ciutat de Palma con dos nuevos galardones en castellano, iniciativa a la que se sumarán los premios literarios del Consell de Mallorca.
Vox también ha conseguido que tanto el ayuntamiento de Palma como el Consell de Mallorca supriman el dominio .cat de las webs corporativas y lo sustituyan por el .es. Fue un dirigente del PP, Pere Rotger, el primero en implantar el dominio .cat en una institución de Baleares cuando era president del Parlament.
En Calvià, el ayuntamiento gobernando por PP y Vox ha seguido los pasos de Palma y ha decidido que el catalán deje de ser la lengua de uso preferente 35 años después de que la corporación aprobase el primer reglamento de normalización lingüística. A partir de ahora, el ayuntamiento podrá emplear ambos idiomas de forma indistinta para comunicarse con otras administraciones de Baleares, para anunciar eventos municipales o a la hora de utilizar rótulos informativos.
Desde este pasado lunes, el catalán ha dejado de ser un requisito en la sanidad pública en Baleares y se queda en mérito. Una medida que ha establecido también el ayuntamiento de Calvià a la hora de acceder a las empresas municipales y que Vox quiere extender a todas las administraciones públicas. En el caso de la sanidad, es una actuación que anunció la presidenta Marga Prohens durante la campaña electoral y que quedó recogida en el pacto que le permite gobernar en solitario sin Vox pero con propuestas del partido de Abascal para que el catalán ceda terreno en Baleares. La más significativa es la posibilidad de que los padres elijan el idioma de enseñanza de sus hijos en todas las etapas educativas que el Govern pretende implantar antes de que acabe la legislatura «sin excluir ninguna de las dos lenguas oficiales.» Una medida que Bauzá quiso aplicar durante el mandato 2011-2015 y que obtuvo como resultado que cerca de un 90% de padres de centros privados y públicos escogiera el catalán como primera lengua de enseñanza.
Los partidos de la oposición han hecho un llamamiento a Marga Prohens para que recapacite y «no ceda ante los postulados de la ultraderecha». El PSIB incluso le ha ofrecido un pacto en temas lingüísticos. Mientras tanto, la presidenta del Govern insiste cada vez que le preguntan: «cumpliremos con el programa del PP, con los acuerdos con Vox y con el Estatut d'Autonomia».