Los promotores y agentes inmobiliarios están esperando la llegada del nuevo decreto para examinar hasta el último detalle. Aunque todavía se desconoce todo su contenido, sí que se han ido conociendo ciertas medidas que el sector ve con buenos ojos. El presidente de la Asociación de Promotores de Baleares (Proinba), Luís Martín, vaticina «una avalancha de peticiones de licencias. Hay mucho interés por parte del sector. Es un producto muy atractivo aunque los márgenes sean muy bajos».
Después de tantos años en los que la vivienda de lujo ha sido la protagonista en la construcción, dejando de lado a las clases medias y trabajadoras, ahora se vive una necesidad acuciante de pisos asequibles De hecho, según Martín, «el problema de la vivienda asequible es un problema social. Tenemos que dar este tipo de vivienda pero la administración nos tiene que ayudar a construir para jóvenes, parejas que se divorcian y primeras viviendas». Martín cita las soluciones desesperadas a las que han tenido que recurrir personas que han quedado fuera del mercado inmobiliario como, que optan por vivir en «contenedores, autocaravanas, infraviviendas o sobreocupados».
Martín advirtió que «estamos deseando que llegue este decreto, es una necesidad social» y calcula que el precio de una vivienda de 60 metros cuadrados alanzaría «los 180.000 euros» dados los costes de construcción y del suelo. Y advierte que «es un sector muy lento en el que habrá que esperar a que nos den la licencia de obra en tres meses, si se cumpliera la ley, y luego habría que sumar hasta otros 18 meses para la construcción de la vivienda».
Por su parte, el presidente del Colegio de los Agentes Inmobiliarios de Balears, José Miguel Artieda, advierte que «Eivissa es el salvaje oeste inmobiliario y Mallorca va hacia ese lugar. Todo el mundo intenta hacer su agosto con la vivienda».
A la espera de conocer en profundidad el decreto, Artieda advierte que el sector inmobiliario aplaude esta medida que supondrá «un cierto alivio pero solo será una de las soluciones necesarias». Eso sí, advierte que estas medidas «deben ser ágiles y debe hacer un control. Y también debe haber sanción en caso de incumplimiento». Por su parte, Natalia Bueno, vicepresidenta de los APIs, reclama «un gran pacto social. Las cuatro islas ya están gentrificadas».
Mientras tanto, los arquitectos se mantienen al margen y prefieren esperar a que se apruebe el decreto para poder analizarlo. El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Balears (COAIB) ha declinado hacer declaraciones al respecto hasta conocer en profundidad la medida del Govern de Marga Prohens.