Jueces condenados a no cumplir con las expectativas de los ciudadanos. El presidente del TSJIB, Carlos Gómez, inauguró el curso judicial en las Islas con un discurso en defensa del trabajo de jueces y magistrados como garantía de derechos y libertades aunque estén maniatados por la falta de medios. «Renovamos nuestro compromiso con la sociedad y la confianza en que la administración de Justicia recupere el espacio que merece en el debate público. Mientras, cumpliremos porque aún hay jueces y juezas en Balears. Con los medios que nos den, pocos o muchos». El resultado de la falta de medios son demoras para los ciudadanos. «No hay democracia sin garantía de los derechos. El resultado es una administración fragilizada, condenada a no cumplir con las expectativas».
Las principales carencias a las que señaló el presidente del Tribunal Superior son tres: falta de plazas de magistrados, carencias de funcionarios y de espacios. Señaló que, de acuerdo con los datos que arroja la Memoria del TSJIB, el año pasado aumentaron los asuntos pendientes en los juzgados de las Islas. A pesar de que los magistrados resolvieron un diez por ciento más de asuntos, ingresaron un catorce por ciento más. «Ese esfuerzo ha sido frustrante», dijo. Con esos datos, serían necesarios 27 plazas dejueces y magistrados en las Islas.
Sobre los edificios, valoró las inversiones en Eivissa e Inca y el proyecto para construir un edificio nuevo en Palma. Sobre este matizó que solucionaría los problemas pero que es necesario un «impulso presupuestario» que se mantenga a lo largo del tiempo.
Recordó que, en las oficinas judiciales de las Islas, en torno a la mitad de los funcionarios son interinos «y las vacantes no se pueden cubrir». La reclamación en este asunto es que se equipara el plus de insularidad al que se cobra en territorios como Canarias, Ceuta o Melilla con el que el «ínfirmo» complemento que reciben los funcionarios de las Islas «no admite comparación».
Otra reclamación de Gómez fue la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Recordó que el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces provoca dos vacantes de larga duración en Balears: en las presidencias de la Audiencia Provincial y de la Sala de lo Contencioso del TSJIB. «En nuestro país, la Constitución y la propia ética judicial garantizan la independencia de los jueces. No es esa la principal amenaza que se cierne sobre la judicatura. El riesgo para la democracia se deriva de la erosión lenta y progresiva de sus principios. Erosión por el menoscabo, el abandono o la desinversión constante», concluyó.
Por su parte, el fiscal superior de Balears, Julio Cano, manifestó la preocupación por el aumento de casos de agresiones sexuales a menores que arrojan los datos del Ministerio Público, 474 el año pasado. Un «incremento preocupante que aparece constante». También aludió a la especial vulnerabilidad del colectivo de inmigrantes una vez que el fenómeno de la ruta de pateras «ha alcanzado una dimensión hasta ahora desconocida» en Balears. El acto de apertura, que contó con la presencia de autoridades como la presidenta del Govern, Marga Prohens, sirvió también para entregar una medalla a los magistrados del TSJIB jubilados el año pasado: el presidente de la Sala de lo Contencioso, Gabriel Fiol y Pedro Barceló.