La clave para 'pillar' a los propietarios que tengan alquileres turísticos ilegales estará en si pagan o no a la Administración el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), más conocido como ecotasa. La Agencia Tributaria de las Illes Balears, dependiente de la Conselleria d'Hisenda, compartirá con el Consell de Mallorca la información sobre alquileres turísticos de la que dispone para combatir el fraude.
Los 20 inspectores insulares ahora podrán saber si el propietario de un alquiler turístico, dado de alta en plataformas comercializadoras, está cobrando a sus clientes y, en consecuencia, abona o no el impuesto al Govern. Este dato será vital para identificar a los defraudadores: si alguien alquila un piso, por ejemplo, doce veces en un año sin pagar la ecotasa, será algo llamativo que se analizará y, por tanto, servirá de prueba para detectar la irregularidad.
«Es un tipo de oferta que es de competencia completamente desleal con las personas y las empresas que tienen un establecimiento con licencia y, por ello, lucharemos contra ella», ha asegurado este lunes el presidente del Consell, Llorenç Galmés, tras reunirse con el vicepresidente balear, Antoni Costa. «El objetivo es recuperar el prestigio de la marca Mallorca», ha insistido Galmés.
«El Govern estará al lado del Consell durante toda la legislatura y la nueva ley turística en la que trabajamos habrá apartados concretos para combatir esta oferta ilegal», según ha adelantado Costa, que considera que con la información de la Agencia Tributaria los inspectores podrán determinar quién, cómo y qué tipo de inmueble se alquila ilegalmente.
La portavoz del PSIB en el Consell y expresidenta de la institución, Catalina Cladera, ha tildado el anuncio del gobierno insular de «incompleto» y «poco valiente» porque, en su opinión, se debería de haber detallado cómo los inspectores podrán usar los datos facilitados por la Agencia Tributaria. «Si no actúan con determinación contra la actividad turística no regulada, todo esto será papel mojado», ha dicho.
Cladera ha recordado que la información que ha facilitado el organismo estatal al Consell la solicitó su gobierno en febrero, cuando todavía gestionaban el departamento de turismo de la institución. Además, ha remitido a la prensa la carta que el exconseller insular de Turisme, Andreu Serra, envió a la Agencia Tributaria pidiendo esta información con el fin de «agilizar la acción inspectora».
Dicho control no es coser y cantar. Se han de hacer bien las cosas para que la pruebas sean irrefutables. ¿Están a la altura de dicha masa de trabajo los peirtos judiciales de los ayuntamientos o del Consell?